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El cierre de Puente Grande, por rencillas

(ANTECEDENTE. En julio, el gobierno federal realizó el traslado de 380 personas privadas de la libertad en el Cefereso 2. Foto: Archivo NTR)

Las diferencias y la desconfianza entre el gobierno federal y el de Jalisco podrían ser las razones por las que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió el cierre del penal federal de Puente Grande sin dar aviso a las autoridades locales, estimó Rubén Ortega Montes, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y especialista en temas de seguridad. 

En entrevista, señaló que una decisión como esta, sin que haya un hecho que la motive, como una fuga masiva, un incidente al interior del Centro Federal de Readaptación Social o la infiltración documentada del crimen organizado, no tiene una explicación lógica, salvo las “revanchas” y “rencillas” que se han tejido entre los gobiernos. 

El gobierno federal publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo “por el que se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente”. 

El acuerdo está firmado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño, y entre los argumentos que se señalan está la dignificación de los espacios penitenciarios, así como la modernización y reingeniería del sistema penitenciario. 

Entre los puntos del acuerdo, además del cierre, se establece el traslado de las personas que estén privadas de la libertad en ese Cefereso “a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social”, así como el respeto a los derechos laborales de los trabajadores. 

Apenas en el mes de julio el gobierno federal había decidido el traslado de 380 personas que estaban privadas de su libertad en el Cefereso 2 hacia otros centros penitenciarios del país. Todo esto ocurrió sin dar aviso al gobierno de Jalisco. 

Ortega Montes recordó que el Cefereso fue uno de los centros penitenciarios de alta seguridad que se instalaron durante el gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y el segundo en importancia después del que se ubica en Almoloya de Juárez; sin embargo, recordó que fue justamente de donde se fugó el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. 

Ortega Montes agregó que llama la atención que ante la sobrepoblación que existe en la mayor parte de los centros penitenciarios del país se decida desaparecer un espacio, así como el riesgo que implicará el traslado de los familiares de los internos que sean llevados hacia otros estados. También, añadió, sorprende si se toma en cuenta que el cártel más poderoso del país tiene su sede en Jalisco. 

El director de Reinserción Social en el estado, José Antonio Pérez Juárez, confirmó ayer en entrevista con Víctor Hugo Magaña en MVS Jalisco que el gobierno local no fue avisado del cierre. Al respecto, Rubén Ortega recordó que lo mismo sucedió con lo que se conoce como operación Agave Azul, enfocada al aseguramiento de cuentas y bienes presuntamente producto del lavado de dinero, y con el traslado de los 380 internos. 

Finalmente, insistió en que la falta de información a las autoridades locales normalmente obedece a la desconfianza ante la posibilidad que se filtre información. 

A otros cárceles  

Las personas privadas de la libertad que alberga el Centro Federal de Readaptación Social 2 Occidente serán trasladadas a centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, el cual realizará las acciones y gestiones necesarias para ello, establece el acuerdo publicado en el DOF 

MOTIVO

  • Algunos de los argumentos para desincorporar el penal de Puente Grande fueron la dignificación de los espacios penitenciarios y la modernización y reingeniería del sistema penitenciario 

jl/I