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Tras el cierre del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereo) número 2 Occidente ubicado en el Complejo Metropolitano de Puente Grande, la asociación civil Documenta llamó a observar en todo momento el pleno respeto a los derechos humanos de estas personas (reclusos), pues los traslados penitenciarios representan uno de los momentos de mayor riesgo para la comisión de tortura y malos tratos, el uso excesivo de la fuerza, el abuso de autoridad e inclusive las desapariciones forzadas, ya que las personas se encuentran, durante largo tiempo, solas, incomunicadas, aisladas y en espacios poco visibles”, señaló la organización a través de un comunicado.
De no realizarse con apego a derecho, los traslados pueden afectar los procesos penales en el caso de personas que están siendo procesadas y su derecho a la comunicación con sus personas defensoras y familiares, alertaron. Con la finalidad de que se garantice que no habrá violaciones a los derechos humanos, Documenta exigió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que vigile todo el proceso.
“Por eso presentamos una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a fin de que solicite a autoridades que se respeten los derechos humanos de las personas trasladadas, respetando en todo momento su dignidad humana. Además, presentamos una solicitud de medidas cautelares y la intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) para que se prevenga la comisión de este delito durante el o los traslados”, abundaron.
La organización incluyó en la queja que la CNDH exija a las autoridades correspondientes que informen a las familias de personas privadas de la libertad sobre el traslado que se llevará a cabo, así como notificar a jueces de ejecución de cada uno de los traslados dentro de las 24 horas posteriores. Que se comuniquen con las personas defensoras legales o familiares de los traslados.
En el caso de personas sentenciadas, garantizar su traslado al centro penitenciario más cercano a su domicilio. En el caso de personas en prisión preventiva, garantizar que sean ubicadas en el centro más cercano al juzgado donde se tramita su proceso penal.
Piden que no se realicen acciones de tortura como encadenar, amarrar o generar dolor durante el traslado. Que proporcionen alimento, agua y oportunidad de ir al baño, sobre todo cuando el traslado dure varias horas. Entre otros aspectos.
“Además, las personas trasladadas deberán contar con condiciones dignas de reclusión una vez ubicadas en un nuevo centro penitenciario. Esto incluye, brindar los medicamentos, atención médica, alimentos, ropa, cama y los ajustes que requieran”, señalaron.
Después del cierre del penal de Puente Grande y tras el traslado de internos en secrecía, la organización civil Documenta y familiares de personas que estaban recluidas en esa prisión solicitan la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para evitar casos de tortura.
En entrevista para Informativo NTR, María Sirvent Bravo, director ejecutiva de la Organización Civil Documenta, indicó que se debe de trasparentar la información sobre el traslado de los reos para no vulnerar sus derechos humanos y que lleguen a dar casos de tortura como en el traslado de internas de Nayarit a Morelos o la desaparición de reos como sucedió tras el cierre de las Islas Marías.
“No hay que olvidar que cuando fue el traslado también de mujeres del fuero federal que se trasladaron al Cefereso 16 de Morelos, de Nayarit a Morelos, se documentaron por Amnistía Internacional la violencia sexual, lo cual se configura en tortura durante los traslados, sí hay muchos años, tenemos el caso de Atenco que también fueron víctimas de violencia sexual las mujeres en los traslados, sí tenemos ya experiencias, casos en los que durante los traslados se violan los derechos”.
María Sirvent Bravo reiteró que para evitar actos de tortura contra los internos del penal de Puente Grande durante su traslado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos debería monitorearlos.
“La Comisión Nacional de Derechos Humanos en este caso por tratarse de un penal federal, su papel debería de ser estar monitoreando estos traslados, estar verificando que se lleven conforme a derecho, conforme a la ley, nosotros conforme al documento el día de ayer interpusimos unas medidas precautorias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicitándoles este papel de vigilancia que tendrían que tener”.
Aunque considero que en este momento, la prioridad es vigilar la integridad de los internos y trasparentar sus traslados, María Sirvent, director de la organización Civil Documenta, señaló que es importante que el gobierno federal informe sobre las razones que derivaron en el cierre del penal de Puente Grande.
“Creo que para tomar la decisión de cerrar un penal y para tomar la decisión de que se van a trasladar personas y más del fuero federal si tiene que existir una estrategia, una estrategia trasparente en el que todo se conozca y se conozca las razones”.
EH