La invención social de una guerra

En diciembre de 2020 se cumplen 14 años de la militarización en México, cuando el ex presidente Felipe Calderón envió a batallones de militares, marinos y policías federales a hacer tareas de seguridad a ciudades donde antes sólo había policías locales y estatales. Calderón martilló una y otra vez que lo hacía en nombre de una “guerra contra el narcotráfico”, una frase que replicamos de manera natural, mecánicamente, como una marca de tiempo. 

A casi tres lustros, el promedio actual de homicidios por día es de 100, leí en los periódicos, la estadística más terrible desde que el Inegi comenzó a realizar el registro en los años 90. Antes de que Calderón llegara al poder el periodo más letal había sido diciembre de 1992 con un promedio de 54 homicidios diarios. Como contexto histórico, el mes y el año en que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. 

Cuando Calderón tenía sólo dos meses de haber tomado posesión del cargo, el país experimentaba el punto más bajo de la tasa de homicidios desde aquellos años salinistas, 7.8 homicidios por cada 100 mil habitantes. A finales de su mandato, entre los años 2010 y 2011, el desgarro mexicano había pasado de 7.8 a 26 homicidios por cada 100 mil habitantes. 

Y mientras los asesinatos crecerían en número y brutalidad en los años posteriores, las tácticas de exterminio fueron expandiéndose. Desaparecer llegó como un verbo desde un pasado abierto y sin justicia para juntarse con un presente profundamente herido. La tierra de nuestro país ha sido abono de vida y abono de muerte. Crecen las flores como crecen los huesos. 

La violencia históricamente ha sido una herramienta para forjar territorio y regular los mercados ilegales. Y las causas de la violencia no son una sola como tampoco hay un solo negocio. 

En la geografía del país coexisten el tráfico de armas, el tráfico de niños, el tráfico de mujeres, el tráfico de migrantes, el tráfico de jóvenes para trabajo esclavo criminal, el tráfico de órganos, el tráfico de animales, el tráfico de plástico, el tráfico de madera, el tráfico de palma africana, el tráfico de petróleo, el tráfico de gasolina, el tráfico de oro y otros minerales, el tráfico de tabaco, el tráfico de alcohol adulterado, el tráfico de marihuana, el tráfico de cocaína, el tráfico de metanfetaminas, el tráfico de amapola, el tráfico de fentanilo; el conflicto por el agua, la pugna por las tierras; la explotación de acuíferos, manglares, playas o selvas; la extorsión, el cobro de piso. 

Por eso la guerra contra las drogas es una gran invención social.  

Invención porque, lo sabemos, esa batalla contra las drogas no la hubo antes y tampoco existe ahora. Invención porque el tráfico de drogas es sólo uno de tantos negocios ilegales transnacionales que tiene al país hundido en la muerte. Invención porque es insostenible tanta destrucción y tanta injusticia sin la colusión de las autoridades. 

Desde Jesús Gutiérrez Rebollo hasta Genaro García Luna sobran ejemplos, civiles y militares. Si hablamos sólo de peces gordos: los ex gobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández; César Duarte, ex gobernador de Chihuahua; Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz; el prófugo ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval y su ex fiscal Édgar Veytia, detenido en California. 

Como periodistas nos toca desnaturalizar, nombrar las complicidades y las circunstancias de cada barbarie. Por más robusto que sea un grupo criminal de civiles, estos no pueden crecer y expandirse sin autoridades inmiscuidas. 

¿Por qué les vamos a creer a los que han mentido en cifras, por qué les vamos a creer a quienes niegan una y otra vez información pública, por qué les vamos a creer a quienes fabrican culpables, por qué les vamos a creer a quienes han hecho de las detenciones un espectáculo? 

A 14 años de la militarización es necesario cortar con el discurso oficial, más ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado más poder a la Marina y ha decretado que el Ejército permanecerá hasta 2024 en labores de seguridad. 

La violencia en México ha sido una violencia autorizada y al continuar con la narrativa del Estado lo eximimos de rendir cuentas. 

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