Reflexión para la acción

Aun sin los datos oficiales de cantidad de víctimas, que aparecerían mañana, hay una percepción de que en los últimos dos meses se han incrementado de manera importante los asesinatos de mujeres. 

Tan sólo en la información preliminar la Plataforma de Seguridad, operada por el gobierno del estado e instituciones sociales y universitarias, el reporte mensual de septiembre indicaba que en ese mes se sumaron cinco víctimas de feminicidio a las 36 previas. 

El reporte no menciona la cantidad total de mujeres víctimas de asesinatos, pero la cifra era de 172 hasta agosto, entre ellas, nueve menores de edad. 

Las cifras no bastan para entender el fenómeno de violencia de género, pero son una aproximación para medirla, para buscar posibles soluciones que permitan erradicarla. Y, sin embargo, no hay por parte de las instituciones estatales información actualizada a disposición de la ciudadanía que detalle la situación que viven las mujeres en Jalisco. 

Los datos de la Plataforma de Seguridad no tienen una orientación de género, más allá de la mención de las investigaciones de feminicidio y las víctimas de esos crímenes. No forman parte de los delitos de atención especial las lesiones contra las mujeres, la violencia intrafamiliar ni las formas de violencia contra las mujeres que ya se han convertido en nuevos delitos. 

Es más, ni siquiera coinciden la cantidad de feminicidios reportados oficialmente por la Fiscalía del Estado y los del portal Mide, de Monitoreo de Indicadores de Desarrollo de Jalisco. Mide no reporta la cantidad de mujeres víctimas de feminicidio, sino la cantidad de averiguaciones previas y carpetas de investigación. 

Mientras que Mide reporta 58 feminicidios en 2019, la realidad es que ese año culminó con 63 víctimas de ese tipo de crímenes. Y allí hay un aspecto importante para analizar la violencia feminicida: que en muchos de los casos en un mismo crimen hay dos o más mujeres asesinadas. Se trata de personas, no meramente de casos bajo investigación que, por cierto, la mitad de las veces no han sido judicializados. 

Los delitos contra las mujeres no se han detenido con la pandemia. Contra la retórica oficial que presume reducciones de entre 30 y 40 por ciento en muchos de los delitos patrimoniales y en la incidencia delictiva en general durante los meses de marzo en adelante, las mujeres violentadas son una llaga ante la cual el silencio es la política pública. 

En la segunda quincena de marzo comenzó el confinamiento en el estado y, mientras que en los 12 meses previos el promedio de mujeres víctimas de feminicidio era de 4.8, ese mes se elevó a seis y luego llegó a siete en abril, bajando a seis en mayo y reduciéndose más con la etapa de reactivación económica que implicó nuevamente dejar ese encierro que mantenía a las mujeres violentadas en mayor riesgo. 

La semana pasada el Congreso de Jalisco llamó la atención acerca del panorama de violencia de género que sufren las mujeres con la aprobación de un paquete de reformas para establecer delitos de género y en el ámbito civil para favorecer sus derechos. Crear delitos e incrementar penas de nada servirá si a las leyes no las acompañan políticas de Estado que de veras permeen en cada una de las instituciones, que todos los funcionarios sean plenamente conscientes del impacto de su labor en materia de género y actúen en consecuencia. 

Si los diputados son los representantes del pueblo y su labor ha llegado a un acuerdo general de dar énfasis a la situación de violencia hacia las mujeres, sería también momento para que todo el gobierno y toda la sociedad profundicen en la reflexión para la acción. 

Twitter:  @levario_j

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