La promesa de que tengan mejor perfil

Con un nuevo cambio, los diputados aseguran que, si bien no se terminará el reparto de espacios en el Poder Judicial bajo el principio de “cuotas y cuates”, sí se pone un candado para que las fracciones parlamentarias decidan entre los mejores perfiles, al establecer que son elegibles los cinco mejor evaluados para cada espacio en cada convocatoria. 

En esta ocasión, los diputados deberán decidir quiénes ocupan las vacantes de nueve magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), ante los espacios que se han ido generando desde febrero del año pasado por el retiro de los magistrados Salvador Cantero, Esteban de la Asunción Robles, Leonel Sandoval Figueroa, Ramón Soltero Guzmán, Luis Ernesto Camacho, Humberto Orendáin, Sabás Ugarte y Jorge Carlos Herrera, así como el deceso de Rogelio Assad Guerra. Además, por el vencimiento en el nombramiento del consejero de la Judicatura, Pedro de Alba Letipichía. 

En el reparto, se afirma que tocarían cuatro magistrados a Movimiento Ciudadano, dos al Partido Acción Nacional, uno al Partido de la Revolución Democrática, uno a Revolucionario Institucional y uno a Morena, mientras que el consejero sería del grupo Universidad de Guadalajara. 

Para esta elección se emitieron tres convocatorias, una de ellas para elegir cinco magistradas, otra para decidir por cuatro magistrados y una más por el espacio en la Judicatura. Si hoy se aprueban en el pleno, el miércoles podría comenzar formalmente el proceso con la publicación de las mismas. 

Según la decisión que tomaron los diputados, habrá cuatro evaluaciones a las que tendrán que someterse los aspirantes: un examen de conocimientos, una entrevista personal, una evaluación por parte del Comité de Participación Social sobre la hoja de vida y el examen de control de confianza. 

En el caso del examen es donde se registraron los cambios más importantes con respecto a los anteriores procesos y que, según el presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado, Enrique Velázquez González, permitirán elevar el perfil de los próximos funcionarios judiciales. 

En esta ocasión los exámenes serán aplicados por el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior (Ceneval), para lo cual el Congreso del Estado pagará un millón 290 mil pesos. Además, se determinó que sólo serán elegibles los cinco mejor evaluados para cada espacio. 

Según ha explicado el propio Enrique Velázquez, por cada vacante se integrará una quinteta de candidatos con aquellos que hayan obtenido la mejor calificación y de ahí se podrá elegir a quien ocupe cada uno de los espacios en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado o el que quedará libre en la Judicatura. 

La atribución constitucional de los nombramientos de estos magistrados es de los diputados locales, por lo que en estricto sentido no hay manera de que los espacios no se repartan bajo el principio de cuotas y cuates. 

De 1997 a la fecha las reformas legales y los cambios en los procedimientos de nombramiento se han dado siempre con el compromiso de elegir a los mejores para dignificar al Poder Judicial y darle mayor autonomía a la labor de administración de justicia. Sin embargo, siempre se ha terminado en nuevos esquemas de reparto entre los partidos políticos. 

Desde aquella reforma impulsada por el gobierno del panista Alberto Cárdenas para que el Poder Judicial dejara de ser un apéndice del Poder Ejecutivo, los cambios han empujado hacia el reparto entre los partidos políticos representados en el Congreso, lo que ha derivado en una mayor corrupción y en un incremento en las deficiencias de la administración de justicia. 

No hay razones para pensar que ahora sería diferente, pero al menos hay la promesa de mejorar los perfiles. 

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