La voz bajo la autocracia

Poco a poco, las resoluciones de transparencia van dando la razón a la ciudadanía en el interés por saber la situación pública en temas de criminalidad, justicia y paz. 

Donde hasta ahora han prevalecido la oscuridad y la arbitrariedad, la sociedad ha colocado la mirada y ha preguntado. Las respuestas han tenido que modificarse por parte de las autoridades de seguridad, procuración e impartición de justicia para privilegiar el interés general, pese a que inicialmente muchas de las contestaciones se han fundamentado considerando conceptos de derecho procesal penal y de riesgos para la seguridad pública. 

El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei) ha dado la razón a solicitantes de información al preguntar datos acerca de personas desaparecidas, imputaciones por desaparición forzada de personas, fosas clandestinas, cuerpos resguardados en las instalaciones forenses, entre otros, que muestran la inquietud de la sociedad respecto a una situación generalizada de violencia y crimen en Jalisco. 

Si bien, al menos en el ámbito estatal las autoridades han acatado y dado respuesta, quizás a regañadientes, la mayor parte de la información se queda ahí, en esa respuesta individual a una persona que se inconformó con la contestación que inicialmente había recibido. 

Las instituciones han tratado esas resoluciones como odiosas órdenes que deben acatar, en vez de entender que la comunidad quiere saber qué es lo que está pasando y quiere tener esa información disponible, sin necesidad de estar preguntando para acceder a ella a través de procesos que pueden demorar varios meses. 

Parece haber un patrón en la información colocada públicamente en sitios oficiales: el Sisovid tiene información de víctimas de desaparición, pero no es exactamente la que la gente necesita conocer para entender a profundidad del fenómeno de desaparición de personas y sin un período de publicación constante. 

En la Plataforma de Seguridad se publican mensualmente un conjunto de categorías delictivas elegidas por el gobierno estatal y vigiladas por distintas instituciones para validar la metodología y la “buena voluntad”, casi magnanimidad, de las autoridades. Incluye recientemente la cantidad de víctimas y de fosas localizadas cada mes. 

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) actualiza diariamente una base de datos sin un método consistente de clasificación de los cuerpos de personas sin vida que permanecen sin identificar, incluyendo partes humanas. 

Parece que el patrón es “no estoy obligado a dártelo, pero ahí está la información que yo quiero informar, como yo lo quiero informar y en un formato poco amigable porque no me interesa que puedas usarla con facilidad”. 

Igual que con la designación del fiscal estatal. El gobernador Enrique Alfaro dejó bien en claro el viernes que no le interesaba ni le interesa una fiscalía autónoma con un perfil que atienda a la sociedad, sino un perfil que atienda sus designios. No estaba obligado a considerar a la sociedad civil para la designación, pero lo hizo porque es magnánimo. Escuchó su opinión y sus propuestas. Finalmente, su elección fue soberana e hizo lo que quiso porque podía. 

Ya no estamos en tiempos del absolutismo en que el gobernante decidía por completo cómo debía o no ser la vida de un pueblo. Y la democracia no tendría que ser conformarnos con aceptar lo que decida el gobernante elegido como “menos peor” de entre los candidatos. En su discurso frecuentemente habla de gobernanza, pero no deja de ser demagogia porque no tiene relevancia la voz de la sociedad civil. Es una voz subyugada a la autocracia. 

Twitter: @levario_j

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