Los medios evidencian los fines

El fin justifica los medios, suelen afirmar quienes no tienen manera de justificar ni los medios que utilizan ni los fines que persiguen. Como lo planteó el filósofo Albert Camus en su obra de teatro Los justos, ningún fin justifica causar un daño, y, por lo tanto, quien lo haga debe pagar las consecuencias, sin importar el fin que perseguía. 

Esto lo traigo a cuento porque siempre es una tentación utilizar el poder a nuestra disposición para sacar adelante los proyectos personales, sin considerar las posibles consecuencias negativas. Aquí en Jalisco, por ejemplo, podemos ver que se suele usar e incluso torcer la ley y otros recursos públicos para beneficiar a los compañeros de proyecto, como ocurrió en el vergonzoso caso del nombramiento de tres integrantes del Consejo de la Judicatura de Jalisco que no demostraron tener los conocimientos necesarios, conforme a la ley. 

En el mismo sentido, ahora está en discusión una iniciativa de ley, presentada por los líderes de las bancadas de Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional en el Congreso de Jalisco (la cual puede consultarse en shorturl.at/fnART), que de aprobarse sería un instrumento que puede dañar nuestra democracia. 

La iniciativa 2156-LXII originalmente planteaba la necesidad de separar de su cargo, de manera provisional, a un funcionario público al que se decidiera someter a juicio político, para evitar que pudiera llegar a entorpecer una investigación en su contra o destruir evidencias. Sin embargo, durante el procesamiento de la iniciativa, se amplió la propuesta para que también se pueda separar de su cargo a funcionarios de elección popular, mientras se lleva a cabo el juicio político, algo que el sustento de la iniciativa original había descartado, debido a los daños irreparables que podría provocar. 

El juicio político es un procedimiento del Poder Legislativo en contra de funcionarios que hayan hecho mal uso de los recursos públicos a su disposición, económicos, materiales, humanos, legales, etcétera, y que en casos graves puede llevar a su destitución y a la inhabilitación, es decir, a impedir que vuelvan a trabajar en el ámbito público. 

El problema con la iniciativa que aquí comento es que, de convertirse en ley, permitiría que se suspendiera de sus funciones a cualquier funcionario (alcalde, diputada, juez, integrante de algún organismo autónomo) que resultara incómodo para las fracciones dominantes en el Congreso, y para hacerlo solo necesitarían presentar una denuncia en contra de esa persona, y sin necesidad de presentar pruebas que acrediten su responsabilidad, se le inhabilitaría en los hechos por un tiempo indeterminado, dado que en el Congreso de Jalisco el tiempo se mueve a una velocidad distinta que para el resto de las personas. 

Lo anterior no solo violaría el principio de presunción de inocencia, sino que incluso podría afectar el funcionamiento de cualquier institución pública, causando graves daños a la población, aunque la acusación resultara falsa o carente de fundamentos. Es claro, entonces, que se puede utilizar como instrumento en contra de oponentes políticos, pero a costa de los derechos de la propia población, así que no debemos permitir que leyes como esa sean aprobadas. 

Y si realmente se quiere abatir la impunidad en el caso de los juicios políticos, entonces hay que abrir la discusión y analizar seriamente la situación, para que utilizando el conocimiento colectivo se encuentren soluciones viables y que no causen más daños que beneficios. Eso sería apertura legislativa. En cambio, aprobar esa iniciativa sería cerrazón, legislativa y política. 

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