Recuerden lo que hicieron el verano pasado

Hace algunas semanas en este mismo espacio me referí a la convocatoria emitida por el Congreso del Estado de Jalisco para el nombramiento de 10 personas que ocuparán los espacios vacantes en las instancias más importantes del Poder Judicial de nuestro estado, uno en el Consejo de la Judicatura y los otros en el Supremo Tribunal de Justicia. 

Como lo explicaba en aquella ocasión, había varios aspectos de la convocatoria que resultan preocupantes, puesto que abren la puerta para que esos espacios se les asignen a personas cuyo mayor mérito sea su relación cercana con quienes tienen el poder de decisión. Me refiero, por un lado, al hecho de que no se estipuló una calificación mínima aprobatoria para el caso del examen de conocimientos que aplicará el Ceneval, el cual se elaboró con la colaboración de varias de las universidades más importantes de Jalisco, aunque la convocatoria estipula que se considerará a quienes obtengan las mejores calificaciones. Ojalá que las mejores calificaciones superen los 80 puntos sobre 100 posibles, porque la legitimidad del Poder Judicial quedaría muy dañada si se designara a personas que obtuvieran calificaciones menores a los 60 puntos. 

Otro aspecto que resulta muy grave es que se reservaron cuatro lugares del Supremo Tribunal para ser ocupados por varones, lo que va en contra de la paridad de género, que es el criterio que debe guiar la toma de decisiones públicas en casos como este, y por eso la convocatoria ya fue impugnada legalmente, dado que en realidad se debería haber llevado a cabo una acción afirmativa, reservando los nueve espacios disponibles para mujeres, dado que ni así se alcanzaría la paridad. 

Por otra parte, no se previó un mecanismo adecuado para llevar a cabo las entrevistas a quienes aspiran a esos cargos, por lo que solo se le dedicaron entre cinco y 10 minutos a cada persona, lo cual es claramente insuficiente si tomamos en consideración la importancia, relevancia y trascendencia de los cargos que se van a asignar. 

Todo lo anterior hace que la valoración de los perfiles que llevará a cabo el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción cobre la mayor relevancia, pues brindará información respecto al nivel de idoneidad de cada persona para ocupar el puesto al que aspira, en función de su trayectoria y de la propuesta de trabajo que el Congreso les solicitó presentar. 

Comento esto porque la ciudadanía no debe olvidar lo que el Congreso hizo el verano pasado, cuando violó la ley y los términos de su propia convocatoria al designar a tres integrantes del Consejo de la Judicatura que no habían acreditado el examen de conocimientos, y que incluso se encontraban entre quienes obtuvieron la calificación más baja. 

Con esos antecedentes es muy necesario que la sociedad civil respalde el trabajo del CPS, pues me consta que su metodología de valoración de perfiles está muy bien diseñada, de acuerdo con lo que se requiere, así que puede brindar elementos de objetividad para la toma de la decisión. Pero también podemos colaborar de otras maneras. Una de ellas es revisar en Google la información pública sobre las personas que atendieron la convocatoria, por si hubiera algo que hiciera dudar de su idoneidad. Aquí están las tres listas https://bit.ly/37suWlo, https://bit.ly/2Vwwfdf y https://bit.ly/3mAS1bF. Sus hallazgos los pueden remitir al correo del CPS: [email protected]. 

Reitero que es necesario que la ciudadanía en general se involucre en casos como este. Las instituciones funcionan bien cuando nos hacemos cargo de ellas, así que vale la pena que sumemos esfuerzos. 

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Twitter: @albayardo

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