Retraso de años en seguridad

Capacitación. Coordinación. Profesionalización. Dignificación. Estos son algunos de los conceptos con los que los gobiernos suelen describir las labores policiales en Jalisco, pero son completamente distantes de sus condiciones laborales. 

Los policías, principalmente los municipales, siguen estando a merced del crimen. Los asesinatos de policías han tenido una disminución en 2020 con respecto a años anteriores, pero en principio no tendría por qué haberlos. 

En cumplimiento del deber en general es factible que mueran policías enfrentando a delincuentes comunes, pero lo más común a nivel local han sido las ejecuciones a manos del crimen organizado y los levantones. Tan sólo la semana pasada fueron plagiados y asesinados dos agentes de la Policía Investigadora en la ciudad. 

Y fuera de Guadalajara han sido perpetrados más de la mitad de los asesinatos de policías, por lo cual el impacto es más significativo al haber una menor tasa de personal policial respecto a la población. 

En enero fallecieron por homicidio tres de los agentes de Teocaltiche, una policía municipal que tenía 36 elementos policiales en nómina en agosto y que en octubre fue intervenida por fuerzas estatales y federales para convertirse en el décimo noveno municipio en ser desarmado desde 2014. Tiene una población estimada de poco más de 40 mil habitantes. 

Las garras del crimen no sólo cobran las vidas de los policías, sino que también las doblegan y las corrompen para hacer que trabajen de su lado. 

Ya sea porque se ha institucionalizado la persecución de los delitos cometidos por los policías y una tendencia a privilegiar el respeto a los derechos humanos o porque se ha incrementado la proporción de ilícitos cometidos por los agentes, lo cierto es que se percibe un aumento de casos de agentes policiales imputados y procesados por delitos como desaparición de personas, abuso de autoridad y otros relacionados con la corrupción. Y es precisamente en los pequeños municipios donde cala más. 

Si en Zapopan y en Guadalajara, con un estado de fuerza de alrededor de 2 mil 500 policías cada uno, hay una decena de funcionarios imputados cada año por distintos delitos, no es lo mismo que en un municipio como Ixtlahuacán de los Membrillos sean acusados tres integrantes de la corporación, de un total de unos 50 agentes. Incluido entre ellos el comisario, por cierto. 

Las diferencias son abisales en sueldo y en preparación. Si en Zapopan hubo un concurso para otorgar ascensos al personal más capacitado en una convocatoria insólita para Jalisco que culminó con promociones para dos de cada cinco agentes municipales, en el resto del estado predominan los nombramientos por compadrazgos y amigos de los políticos y de los comisarios. La preparación sigue siendo escasa. 

Recientemente la Secretaría de Seguridad inició la capacitación de agentes de las comisarías municipales para su certificación en un proceso que tendría que haberse completado hace al menos dos años y que no va ni por la mitad de las acreditaciones. En general vamos con años de retraso. 

No es posible que el gobierno se atribuya, en un contexto así, la disminución de delitos que se han denunciado este año con respecto a un par de años anteriores. Apenas si hubo una alusión a la pandemia en el informe que publicó el viernes el gobierno de Jalisco al decir que noviembre tuvo la tercera incidencia delictiva más baja del año respecto a abril y mayo, “periodo en el que se presentó el confinamiento doméstico”. ¿No tendrá todo que ver con el botón de emergencia y la drástica disminución de actividades comerciales y de movilidad en todo el estado en noviembre? 

Twitter: @levario_j

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