Quinto Patio

Ayer sesionó una vez y otra vez y otra vez el pleno del Congreso del Estado. La noche llegó y los diputados estaban metidos en asuntos como la aprobación del Presupuesto de Egresos 2021 y la Ley de Ingresos del mismo año y del mismo macropoder, el Ejecutivo estatal. En las negociaciones, en el jaloneo de la cobija presupuestaria, a quien mejor le fue es a la Universidad de Guadalajara, a la que reasignaron 600 millones de pesos. 

También se llevó su piscacha el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, luego de que 2021 será un año de comicios. En la discusión, la diputada de Morena Norma Valenzuela recogió una frase de la iniciativa de decreto y dijo que el Ejecutivo primero garantizó los gastos operativos de la burocracia, y lo que sobró se va a satisfacer las necesidades de los jaliscienses… Y escarbándole halló que, lo increíble, es que en un año con pandemia, ¡hay ahorro! 

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¿Se acuerdan del joven Giovanni López, a quien policías de Ixtlahuacán de los Membrillo detuvieron y que murió a causa de la tortura que recibió? ¿Y de las docenas de ciudadanos privados ilegalmente de la libertad por agentes de la Fiscalía del Estado en junio, sin que hasta ahora se entregue un informe claro de qué y cómo sucedió? Pues, ahora, dos policías de Guadalajara detuvieron el 26 de noviembre al joven Luis Daniel, en la colonia Morelos, y posteriormente apareció golpeado y murió en el Hospital Civil. 

Los agentes de la comisaría tapatía ya son buscados por la Fiscalía del Estado. El alcalde Ismael del Toro salió ayer en un video en su cuenta tuitera para reconocer que los gendarmes actuaron de manera “irregular” (más bien, criminal) al cometer una desaparición forzada. El edil dijo que no se permitirá la impunidad. Eso espera una sociedad harta de casos como éste y muchos otros. 

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Cavilemos: ¿qué será peor? ¿Que la gente se sienta más insegura o que los delitos de los que son víctimas les cuesten más caros? Porque las dos cosas pasaron. Anotemos que, por un lado, disminuyó poquito la cifra negra, que son todos los delitos que, o nadie denunció o nadie quiso investigar. Pero es de alrededor de 1 punto porcentual lo que bajó. Y ese punto porcentual podría sonar tentador para que algún gobernante venga a decir que se ha recuperado la confianza de las personas en las instituciones. 

Lo que sí de plano se ve que no van a tardar en celebrar con bombo y platillo es que la tasa delictiva y la tasa de victimización tuvieron disminuciones. Aunque el Inegi diga que no son estadísticamente significativas, no le hace. Y es que las encuestas tienen su margen de error, que en estos casos casi llega a 20 por ciento. O sea que puede estar hasta 20 por ciento más arriba o más abajo. Para que los expertos en estadística empiecen por aclarar tamaño margen de error. 

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El pastel parece inalcanzable para el sistema penitenciario de Jalisco. El director José Antonio Pérez, desde su oficina en Puente Grande, mira el Cefereso abandonado. Así, como en las películas del viejo oeste. Dice que no entiende el desdén de AMLO hacia los estados. Que tenía subutilizado el Cefereso y aun así no se llevó sus más de mil 300 presos que hay en el reclusorio de Jalisco. 

Que si ya se mudó a otro lado, ¿por qué no les dan chance de mandar para allá, al Cefereso, unos mil de sus internos? Pa’ que quepan más a gusto, pues. Es que hay un juez de Aguascalientes que les da unas órdenes un poco curiosas, por ejemplo, dejarle un dormitorio completito a un solo interno. Pero no, ni que fuéramos hotel, dice. Y aunque el gobierno federal les quisiera ceder las instalaciones, de todas maneras no pueden tenerlas porque el gobernador Enrique Alfaro no le ha dado autonomía a la Digpres. Nomáááááááássss. 

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jl/I