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Crucificándose
Empiezan las campañas
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el tercer trimestre de este año 32 millones de personas trabajaron con un ingreso de 7 mil 393 al mes. Además, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) arrojó que 56 millones 515 mil personas del país se encuentran en situación de pobreza laboral, lo que significa que su ingreso no es suficiente para comprar alimentos o cubrir otras necesidades básicas. Otros 30 millones 274 mil personas no cuentan con acceso a instituciones de salud.
La información oficial también indica que nueve de cada 10 personas que trabajan en las actividades agropecuarias no tienen acceso a servicios de salud, al igual que ocho de cada 10 que trabajan en las actividades de la construcción, siete de 10 que trabajan en las actividades comerciales, cinco de 10 que trabajan en las actividades de servicios y cuatro de 10 que trabajan en las actividades de manufactura.
Al analizar los datos expuestos se puede inferir que muchísimas de las personas pobres se ven excluidas de los servicios públicos para la salud física. Y si eso pasa en ese rubro, el acceso a los servicios públicos para la salud mental, los cuales cuentan con una raquítica infraestructura, es mucho menor para este sector de la población.
En el caso de los servicios para la atención de la salud física, el 1 de diciembre entró en vigencia una disposición que implica que las personas que lo requieran tendrán la atención médica y las medicinas de forma gratuita en los centros federales de salud.
Sin embargo, en el caso de las y los ciudadanos que no tienen recursos económicos para pagar servicios de psicoterapia o asesoría psicológica individual, de pareja o familiar en lo particular, se quedarán sin atención para sus problemas de: depresión, ideación suicida, ansiedad, adicciones, alcoholismo, trastornos alimenticios, de identidad de género, de personalidad, del dormir, duelos, disfunciones sexuales, trastornos por estrés postraumático, psicosis, esquizofrenia, inhabilidades sociales, pérdida del sentido de la vida, violencia social, violencia familiar, violencia de género, conflictos de pareja, enfermedades físicas que requieren también apoyo psicológico, entre muchos otros más.
Ante este panorama, muchas de estas personas podrían ir por la vida padeciendo sus problemas, lo cual repercutiría en su calidad de vida, relaciones interpersonales y productividad. De no atenderlos, sufrirían un deterioro personal acelerado y, en no pocas ocasiones, podría llegar el momento en que se quiten la vida.
Por ello, es justo, y más en el marco de esta terrible crisis sanitaria, que los servicios públicos de salud mental sean suficientes, gratuitos e incluyentes.
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