Un resultado agridulce

En un reciente seminario sobre la corrupción y la gobernanza, el doctor Luis F. Aguilar planteó que “(el) problema actual (de nuestro sistema político) se ubica en la segunda parte de la democracia, cuando no se trata de elegir gobernantes, sino de tener gobernantes que gobiernen efectivamente y lo hagan conforme a su naturaleza de gobierno de leyes y representativo”. 

Me parece que esa es una descripción muy clara de la situación actual del Congreso del Estado de Jalisco. Con honrosas excepciones, quienes integran la actual Legislatura se han escudado en la legitimidad de su elección para justificar sus decisiones, aunque no respeten ni las leyes ni a quienes representan. Por ejemplo, la manera en que decidieron en estos días quiénes ocuparían los nueve puestos vacantes en el Supremo Tribunal de Justicia. 

Comienzo por la representación. El filósofo Rousseau hizo hace mucho tiempo la distinción entre la voluntad general y la voluntad de la mayoría para explicar en qué consiste la democracia. Él explicó que la voluntad de la mayoría solo puede utilizarse para tomar decisiones prácticas, a fin de evitar discusiones interminables sobre la mejor manera de hacer algo. En cambio, la voluntad general apunta mucho más allá, a lo que realmente queremos lograr, no a cómo pensamos que lo podemos conseguir. Esta distinción nos permite darnos cuenta de que la voluntad de la mayoría puede utilizarse para justificar acciones en contra de la voluntad general, y dañar la democracia. 

Vamos, la voluntad general en el caso del Supremo Tribunal es que ahí ejerzan su magistratura las mujeres y hombres que tengan la mejor comprensión posible del derecho, especialmente en lo que se refiere a juzgar considerando los derechos humanos, porque eso hará que se tomen en cuenta las circunstancias de las personas para balancear los resultados. De hecho, un axioma del derecho establece que no se puede juzgar como iguales a personas en circunstancias diferentes. El Supremo Tribunal, entonces, no es un lugar para ir a aprender, debe ser para quienes han demostrado juzgar con maestría, en el sentido de que dan muestra de saber muy bien lo que hacen, por eso esos puestos se denominan magistraturas. 

Sin embargo, la coalición dominante en el Congreso de Jalisco no acató la voluntad general, y asignó cuatro de esas magistraturas a personas que no tenían el perfil idóneo, pese a que había otras que sí lo tenían. 

En cuanto gobernar según las leyes, la convocatoria redactada y emitida por el propio Congreso estipulaba que en caso de que no hubiera suficientes votos para asignar una magistratura, entonces se tenía que volver a votar cinco días después, y se presentó un caso así, y la presidente del Congreso convocó a sesión para el 21 de diciembre, para volver a votar, con la aprobación unánime de la asamblea, pero después se cambió la convocatoria para decidir unas horas más tarde en ese mismo día. 

De este modo, de acuerdo con versiones periodísticas, el partido Movimiento Ciudadano consiguió asignar a personas de su confianza seis de las nueve magistraturas, sin importarle ni la voluntad general ni las leyes. Ignoro los motivos de su conducta, pero parece que sus líderes querían asegurar sus posiciones antes de las elecciones, por si acaso la voluntad de la mayoría es quitarle puestos de representación a ese partido. 

Pese a todo, este proceso deja un sabor agridulce, puesto que cinco de las nueve magistraturas se asignaron a personas dignas del puesto, de acuerdo con la valoración de los perfiles llevada a cabo por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. 

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