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Falso hasta en el apellido
Al Rey Sol
El escepticismo popular se convierte en descaro ante la falta de interés y de capacidad de las instituciones para garantizar la paz y la seguridad sanitaria.
La gente no respeta a la policía en Jalisco. Hay quienes les temen y hay quienes los desprecian. Son pocas las personas que tienen en estima la labor de los agentes policiales, generalmente percibidos como una raza de corrupta calaña proclive a aprovechar su posición para actuar de manera arbitraria.
Y no es para menos, en un estado donde 40 por ciento de las detenciones son ilegales, lo cual ya es considerado un logro por la propia autoridad judicial al plantearlo como una reducción respecto a índices muchos mayores. La deficiente capacitación y las ancestrales prácticas irregulares en la actuación policial propician tal prevalencia de la ilegalidad.
Conozco policías íntegros, pero son una escasa minoría. Las mismas instituciones gubernamentales desconfían de los elementos policiales. Durante la primera etapa de pandemia, cuando se dieron a conocer medidas obligatorias de seguridad sanitaria como el uso del cubrebocas y el distanciamiento social, hubo atropellos y excesos en el uso de la fuerza que nunca fueron reconocidos por los gobernantes como tales.
A las detenciones de marzo y abril de personas que no obedecían las disposiciones sanitarias se les calificó como detenciones administrativas por agresiones a los cuerpos policiales y no como desacato a protocolos obligatorios para toda la población. Sólo Tlaquepaque reportó múltiples detenciones por desobediencia de uso de cubrebocas, pero la respuesta de la sociedad fue reprobatoria porque muchas de las detenciones se habían realizado con exceso de violencia y con autoritarismo.
Los gobiernos municipales y estatal prefirieron ser permisivos, antes que arriesgarse a que tales atropellos se volvieran una cotidiana violación de derechos humanos. Los policías dejaron de vigilar que la gente saliera a la calle solo para realizar actividades esenciales y que lo hicieran cuidando el uso riguroso de cubrebocas. El gobierno aceptó su derrota y llamó a la responsabilidad individual, una responsabilidad que no ha llegado y que se ha convertido en una opción poco atractiva para la mayoría de la gente. No hay convencimiento ni acato, sino indolencia y negligencia.
Por la calle y en el camión la proporción de ciudadanos conscientes no alcanza para sentirse seguro ante una nueva ola de incremento en los contagios.
No se trata de un argumento a favor de la represión, sino todo lo contrario. Es el momento en que las fuerzas de seguridad tendrían que estar trabajando más arduamente para propiciar la construcción de una comunidad en paz y armonía, una en que la sociedad participe de manera consciente y activa a partir del diálogo y la cooperación en el espacio público.
Lo que ocurre es la apatía y la autocomplacencia. Ante una reducción de actividad humana y de tránsito de vehículos, la incidencia delictiva –que es el indicador incorrectamente coronado como termómetro de la seguridad– ha disminuido y el gobierno aplaude la labor de las instituciones policiales y de procuración de justicia como si se tratara de un logro propio y no de un efecto colateral de la pandemia.
Las instituciones, aun así, continúan rebasadas para atender y resolver todos los crímenes y delitos, para procesar a los responsables de cometerlos. Y en vez de que el gobierno aproveche la disminución de algunos índices delictivos para instaurar un sistema que propicie la construcción de paz y concordia, los policías siguen haciendo lo mismo de siempre, el mismo patrullaje disociado de la vida social.
Twitter: @levario_j
jl/I