Sí a mejorar el Inai, no a desaparecerlo

En marzo de 1995, Alianza Cívica, una organización ciudadana plural y apartidista, solicitó información a la Presidencia de la República. Una era precisar el monto del ingreso mensual con cargo al erario del presidente Ernesto Zedillo. Se trataba de un dato que actualmente es fácil de conocerse, pero que hasta ese año era de imposible acceso, no hecho público y ocultado. Ante la renuencia gubernamental, Alianza Cívica presentó una demanda en 1996 que se resolvió a su favor y obligó a la Presidencia a informar el sueldo del mandatario federal. Pero la información entregada tenía vacíos. 

La lucha por el “derecho a saber” tomó otro giro en el seminario internacional Derecho a la Información y Reforma Democrática, organizado en Oaxaca, en mayo de 2001. Los participantes se conocieron como Grupo Oaxaca, un movimiento que propuso una iniciativa de ley sobre transparencia y acceso a la información pública. Meses después, en abril de 2002 se aprobó la primera ley federal de transparencia. Eso generó más tarde reformas constitucionales, leyes, organismos garantes en los estados y un sistema nacional. 

El organismo que debe garantizar derechos sustanciales en ese rubro es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Inai. Sin embargo, los avances están en riesgo de venirse abajo ante el anuncio presidencial de desaparecerlo y de que lo absorba una dependencia federal, con argumentos como que es caro (al igual que otros institutos), que se debe ahorrar y que no garantiza los derechos que tutela. 

Eliminar el Inai es un grave error y argumento por qué: cualquier gobierno, del partido político que sea, sin importar sus “buenas intenciones” o promesas, necesita contrapesos. Inclinar la balanza de un lado puede dar pie al autoritarismo. De ahí que tales instituciones deban ser autónomas. Que el Inai esté en una secretaría es subordinarlo del Poder Ejecutivo federal. Sin autonomía sería un membrete. De paso se llevaría por delante al sistema nacional integrado por institutos estatales. 

La autonomía del Inai es vital para garantizar los derechos a la información y a la protección de datos públicos. Como dependencia del gobierno federal, éste sería juez y parte. No se dispondría de una autoridad con independencia de criterio, y peor cuando la burocracia tiende a considerar la información pública como su patrimonio. 

La transparencia fortalece la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas. Es necesario mejorar al instituto para que sus resoluciones no fomenten la opacidad, como se le ha acusado en algunos casos, y exigirle que ofrezca mayor gestión de información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral, como indica la respectiva ley. Pero desaparecer el Inai es una medida neoliberal; es desmantelar un organismo vital del Estado mexicano que no conduciría a que la vida pública sea más pública, como ha sido un pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Liquidarlo iría contra la cultura de la transparencia y derecho a la información, y la participación ciudadana en las decisiones públicas. Ejercer el derecho a la información ha contribuido a que, a través de las solicitudes, sectores de la prensa mexicana investiguen corruptelas de gran dimensión, como la Estafa Maestra y otras. Fulminar el Inai es un golpe al periodismo de investigación nacional, que ha visibilizado cómo la clase política y grupos empresariales se han enriquecido escandalosamente, en una red de complicidades dañina y peligrosa. 

Lo anterior no impide revisar, sacudir al Inai, mejorar sus funciones, que es otro tema. Pero desaparecerlo es caminar a la opacidad y la vulnerabilidad de derechos de los mexicanos. 

Twitter: @SergioRenedDios

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