La minoría de edad de los municipios

Los municipios se han convertido en el último eslabón en la atención de necesidades. Esto a pesar de que son la autoridad que directamente trata con los ciudadanos. 

Desde hace muchos años se ha puesto sobre la mesa en el Congreso del Estado la necesidad de revisar de forma integral la estructura de los ayuntamientos, sobre todo porque algunos ya ni siquiera alcanzan el número de habitantes que marca la Constitución que se requieren para la creación de un municipio. 

Tal vez lo peor es que muchos municipios no tienen la capacidad institucional de proporcionar los servicios cuya obligación marca el artículo 115 de la Constitución federal, empezando por la seguridad. 

En septiembre del año pasado, 10 gobernadores de oposición decidieron dejar la organización que se formó para mantener la interlocución con el gobierno federal, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Con el reclamo de la exagerada centralización de las decisiones y con la exigencia de un reparto más justo de los recursos federales integraron lo que ahora es la Alianza Federalista. Entre los gobernadores que forman esta agrupación está el de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. 

Para dar solidez al trabajo que se sigue como consecuencia de esta decisión, el gobernador determinó integrar una mesa que hará un diagnóstico y una serie de propuestas que permitan revisar el pacto fiscal, la cual es coordinada por Enrique Toussaint. El problema es que esta mesa se enfoca solo en el reparto de los recursos, pero no hará una revisión a fondo sobre cómo se gastan, la falta de transparencia y la limitada rendición de cuentas. 

En una revisión hecha por este diario a los fondos que entregan los gobiernos federal y estatal a los ayuntamientos, se encontró que el año pasado las participaciones entregadas por el gobierno que encabeza Enrique Alfaro Ramírez a los municipios sufrieron una reducción. La caída en la distribución fue mínima, pero cuestionable. 

Según los datos publicados por la Secretaría de Hacienda, en 2020 se entregaron menos recursos a los municipios de los fondos que se recaudan de los impuestos de 2 por ciento sobre nómina y 3 por ciento sobre hospedaje. El argumento es que hubo una caída de este último de alrededor de 40 por ciento, aunque el de nómina creció 6.5 por ciento. 

De los impuestos recaudados por el estado, alrededor de tres cuartas partes corresponden al impuesto sobre nómina, por lo que, a pesar de la caída en la recaudación en los ingresos por turismo, hubo un incremento de 17.8 por ciento en los impuestos respecto a 2019. 

Así como algunos gobiernos de los estados reclaman el centralismo en el gasto federal, los ayuntamientos podrían decir lo mismo con respecto al gobierno estatal. De hecho, sus condiciones son peores, pues sus presupuestos en la mayoría de los casos, salvo en la Zona Metropolitana de Guadalajara y algunas ciudades medias, apenas alcanzan para pagar la nómina y de manera limitada la operación del municipio. Muy pocos tienen presupuesto para obras, han renunciado al saneamiento de sus aguas y prefieren concesionar servicios como el de alumbrado público o recolección de basura. 

Lo anterior ha favorecido una especie de minoría de edad de los municipios respecto al Poder Ejecutivo, pues los alcaldes deben pedir adelantos de participaciones de manera constante y, hasta de los diputados locales y federales, pues nada más hay que recordar que los moches se basaban justo en la necesidad que tienen los ayuntamientos de que sus legisladores les gestionen recursos. 

Con todo esto, parece que a nadie le interesa revisar las condiciones en que funcionan los municipios. 

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