Prioridades mediáticas, desapariciones habituales

Ha dejado de ser inusual que un comando armado se lleve a una persona privada de la libertad en pleno mediodía. También lo ha dejado de ser que haya tiroteos entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada con fallecimientos, ya sea de los participantes o de personas ajenas a la disputa. 

El caso del enfrentamiento a disparos en el restaurante Los Otates de Real Acueducto no es inusual, a no ser porque pone de manifiesto condiciones de disparidad entre el centro económico y del poder y la periferia. 

Mientras que una balacera por el plagio de una persona en la exclusiva zona de Zapopan causa revuelo y se convierte en noticia nacional, los levantones y enfrentamientos diarios en las zonas marginadas de la ciudad que constituyen focos rojos, principalmente en la zona limítrofe de Guadalajara con San Pedro Tlaquepaque y en los límites de Zapopan con Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque, quedan como una anécdota más en la prensa y una investigación que probablemente quedará archivada en el cúmulo de pendientes de la Fiscalía del Estado. 

Claro que cualquier plagio en la ciudad es motivo de interés público y requiere transparencia de las autoridades de procuración de justicia y de seguridad. En ciudades de otros estados hay la apertura para informar oficialmente acerca de ese tipo de hechos delictivos, sin perjuicio del debido proceso y la presunción de inocencia. Aquí no. 

El escudo de la fiscalía suele ser el famoso “sigilo de las investigaciones”, datos que podrían comprometer el éxito de las indagatorias. Y aun sin esa información revelada públicamente, la mayoría de las investigaciones fracasa. ¿Dónde están los culpables de desaparecer a cientos de personas e inhumarlas en fosas clandestinas que han merecido para Jalisco el horroroso primer lugar nacional? 

Más allá del juicio en contra de 15 detenidos que fueron capturados fortuitamente, como resultado de una persecución que culminó en enfrentamiento armado, la vasta mayoría de las fosas clandestinas carece de responsables que permitan esclarecer qué ha motivado esos crímenes, ejecutar la ley en contra de los culpables e identificar a cientos de víctimas que permanecen en refrigeradores y en criptas, muchos de ellos en pedazos, sin que se sepa quiénes son y por qué los mataron. 

Las investigaciones del caso de Real Acueducto tampoco han triunfado. La forma de operar de los grupos armados que se enfrentaron ese lunes 8 de febrero indica la participación de personas entrenadas que conocen perfectamente el territorio, tienen rutas de escape y planes para responder ante una eventualidad como la muerte de uno de sus miembros. No es casualidad que el cuerpo de ese joven haya sido arrojado en una clínica a cinco cuadras de donde fue localizado uno de los vehículos usados para el plagio. 

Al menos, en este caso, hubo cámaras para documentar (posteriormente y no con un seguimiento en tiempo real que hubiera culminado en alguna detención) el tiroteo y el escape de los plagiarios. Y, sin embargo, el propio fiscal estatal Gerardo Solís ha admitido que la nitidez de las cámaras analizadas no ha sido óptima para identificar a las personas involucradas. Al menos, en este caso, la fiscalía no tuvo que rogar la cooperación anónima de ciudadanos que hubieran grabado algún aspecto del crimen, como ocurrió con el asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval en Puerto Vallarta. 

La capacidad de investigación de la fiscalía no alcanza para procesar exitosamente todos los levantones y balaceras cotidianas en la ciudad, y queda claro que lo mediático marca agenda para priorizar las investigaciones, quedando en el olvido cientos de personas desaparecidas. 

Twitter: @levario_j

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