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Urge la ley de personas desaparecidas

Al entrar en vigor la Ley General sobre Personas Desaparecidas en enero de 2018, se estableció en los artículos transitorios que los estados de la República tendrían un plazo de 180 días para armonizar su marco normativo: “Las entidades federativas deberán emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los 180 días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente decreto”; pero a más de dos años de haberse cumplido el plazo, en el caso de Jalisco la legislación local sobre personas desaparecidas no ha sido armonizada a las disposiciones de la ley general. 

Lamentablemente, esta entidad se ha situado como uno de los estados en donde el grave problema de la desaparición de personas sigue aumentando y la ausencia de un marco legislativo local apropiado para atender la problemática y garantizar los derechos de las víctimas hace complejo avanzar en soluciones. En los informes federales se señaló a nuestra entidad como aquella que durante 2020 (junto con Guanajuato) concentró más de 60 por ciento de cuerpos recuperados de fosas clandestinas, y que acumuló más de 20 por ciento de reportes por desaparición de personas. 

En esta columna de opinión se ha reconocido que son los familiares de personas desaparecidas y colectivos quienes han estado día con día luchando para que sus seres queridos sean buscados, para dar identidad a los cuerpos recuperados y para que exista una legislación que responda a las grandes necesidades que no se han atendido completamente. A inicios de 2020 el Congreso del Estado inició una consulta para retomar la discusión sobre declaración de ausencia y la ley local de personas desaparecidas, pero un foro de unos cuantos días no era suficiente; las familias solicitaron mesas técnicas de trabajo, presencia de legisladores e instituciones de gobierno en ellas; expertos internacionales, acompañamiento de universidades y organismos defensores de derechos humanos para construir en consenso una legislación que atendiera la problemática a partir de escuchar a quienes tienen meses o años en la búsqueda. 

Ante la presión social y las exigencias de familias para avanzar en la legislación, finalmente el Congreso integró una comisión de tres legisladoras que instrumentaron el proceso con la instalación de una mesa de trabajo que durante varios meses estuvo revisando cada uno de los artículos de la iniciativa de ley de declaración de ausencia y la ley de personas desaparecidas, con la participación de los colectivos (Por Amor a Ellxs, Entre Cielo y Tierra, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco) y de asociaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem). 

También la representación de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), así como el acompañamiento de la Universidad de Guadalajara, el ITESO, de numerosas instituciones gubernamentales y con el apoyo de los asesores del legislativo local, se construyó una propuesta para esas dos leyes que no solo armonizan con las disposiciones federales, sino que establecen estándares que las superan. 

Ya se aprobó por unanimidad de votos la ley de declaración de ausencia, pero hace falta que en el mismo tenor se apruebe la ley sobre personas desaparecidas en Jalisco, fue un compromiso de los legisladores y urge hacerlo, ambas propuestas de ley fueron resultado de un importante ejercicio de parlamento abierto, de diálogo respetuoso, consenso y serían un referente nacional sobre la materia. 

jl/I