De auditorías y pactos fiscales

Revisar el uso y destino del dinero público es una obligación de cualquier país democrático. Su análisis es fundamental para oxigenar la tosca maquinaria gubernamental en México. 

Nuestras instituciones, simplificado ad infinitum, han desarrollado obesos mecanismos de recaudación y luego de distribución del presupuesto. Luego se examina que esos caudales hayan sido gastados tal como fueron reportados, que su uso se encuentre justificado y, por supuesto, no se robe. 

Cabe reconocer que somos jóvenes haciendo esa supervisión. En los albores de este milenio fue creada la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una institución moderna, consistente y autónoma del Poder Ejecutivo. Claro que hay antecedentes históricos de esa tarea desde el siglo 19, pero su consolidación tal como la conocemos hoy vino apenas en el 2000. 

Esto viene a cuento porque, a ritmo de sístole y diástole, el presidente de México y el gobernador de Jalisco le han dado sendos mordiscos a nuestro sistema fiscal. 

En la tercera entrega de la fiscalización a la Cuenta Pública 2019, la ASF señaló que el costo por cancelar el aeropuerto en Texcoco superó los 331 mil millones de pesos (cifra 232 por ciento más elevada que la planteada por el gobierno). 

En respuesta, el presidente lo negó y dijo que tenía “otros datos”. Acto seguido, apenas unas horas más tarde, el organismo se retractó e indicó que hubo un error metodológico en el cálculo de dicha suspensión. 

No fue la única afrenta. Como parte de las observaciones de la ASF, se informó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) “mostró resistencia al proceso de fiscalización”. El propio lunes la cuenta de @ASF_Mexico se desdijo con un tuit: el auditor superior señaló que “ha existido una estrecha colaboración institucional con @SFP_mx”. 

Nuestro contador nacional fue tocado por el fuego presidencial y no lo soportó ni medio día. El problema con esta refriega es que AMLO logró sembrar dudas alrededor del resto del informe y sus múltiples señalamientos. 

El proceso de revisión de la cuenta pública tiene como siguiente paso el intento por parte de los tres niveles de gobierno de justificar las observaciones. Al final, el Congreso tendrá que validar o no las cuentas. Pero el rifirrafe deja en la lona y con cuenta de protección la autoridad de David Colmenares Páramo. 

La propia cuenta pública de 2019 deja mal parado a Alfaro. Según lo publicado por Reporte Índigo, Jalisco fue el estado con las mayores observaciones de la ASF, tras detectar “anomalías en la utilización de casi 12 mil millones de pesos”. A pesar de esto, el gobernador dio un paso al frente y propuso el inicio de la revisión del pacto fiscal entre Jalisco y la Federación. 

El saque inicial es llamar a consulta. Así es, a la manera del tlatoani de Macuspana, primero le preguntará a la gente si quieren que se haga la revisión que puede, eventualmente, cancelar el acuerdo y con ello, Jalisco sería el primer estado en recaudar todos sus impuestos y gastarlos según dicten sus soberanos deseos. 

Un proyecto de esa magnitud requiere de la bendición popular. En la escasa experiencia que tenemos en consultas públicas, ahora sabemos que la pregunta es clave (recuerden las ridículas interrogantes elaboradas para derrocar el aeropuerto de Texcoco). La formulación de la misma no puede ser decidida sólo por el gobernador. 

En cualquier pacto federalista, los estados más ricos subsidian a los más pobres. Hoy parece que el gobernador da la espalda a ese principio porque se siente ofendido por la falta de retribución que, en su mente, debería darle el gobierno central a Jalisco. 

El viejo adagio advierte: ten cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad. 

Twitter: @cabanillas75

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