Desaparecidos y una cadena de errores

La Ley de Personas Desaparecidas en el estado se convirtió en un reclamo de familias y colectivos. Jalisco es una de las entidades que aparece en los primeros lugares en este delito y la necesidad de tener al menos un marco legal es uno de los ejes de lucha ignorados o manoseados por los políticos. Hasta que se dieron cuenta que podía servirles electoralmente o al menos para subir un tuit e hicieron su trabajo, aunque muy mal. 

Lo que vimos la semana pasada, tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo, es para muchos una anécdota de errores de forma y no de fondo. Pero no es así. Dejó al descubierto la irresponsabilidad de muchos funcionarios en cada uno de los pasos que se dieron hasta llegar a una ley que estuviera vigente, con el grave riesgo de que pueda ser impugnada en cualquier momento. 

La aprobación de esta ley tenía más de dos años de retraso. De hecho, el dictamen da cuenta de que las primeras iniciativas que se usaron para la redacción del documento final se presentaron desde el 10 de octubre de 2017. Es decir, desde la anterior Legislatura. Sí, hablamos de más de tres años sin que los diputados hicieran su trabajo de dictaminar. 

Finalmente, el 25 de febrero pasado, tras intensas presiones sociales, los diputados decidieron desempolvar el dictamen y aprobarlo. Pero el documento que pasó por segunda lectura, es decir, el último paso en el proceso legislativo y que fue aprobado posteriormente como minuta, estaba plagado de errores. 

El Diario NTR encontró fallas graves en una simple revisión al texto, como artículos y fracciones repetidas y errores de técnica legislativa. Pero fue peor. Ana Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), declaró que hallaron más de 200 errores en el texto. 

Lo anterior quiere decir que la ley importó tan poco a los 39 diputados y sus decenas de asesores que ni siquiera leyeron el dictamen. Lo aprobaron porque les convenía. Se tomaron fotos, subieron mensajes a sus cuentas en redes sociales y se autoengañaron diciendo que habían cumplido con las familias y los colectivos. 

Desde los colectivos avisaron sobre estos errores, pero no hubo un actor político al que le interesara, hasta que estos errores se hicieron públicos. Pero eso no fue todo, entre la noche del jueves y la madrugada del viernes la ley, con sus más de 200 errores, fue publicada en el periódico oficial El Estado de Jalisco. 

Hubo más. Unas horas después, al percatarse de los errores, la ley desapareció de la página del periódico oficial, donde más tarde se publicó una nota aclaratoria en la que se explicó que se había promulgado por error. 

Y como cereza en el pastel en la cadena de errores, el sábado apareció publicada la ley, con fecha de un día antes, ya con los errores corregidos, violándose el proceso legislativo, pues los cambios sólo puede hacerlos el mismo Congreso, ya sea por iniciativa de los diputados o por observaciones del Poder Ejecutivo. 

La forma en que se publicó dos veces y se bajó esta ley muestra lo endeble que es la certeza jurídica en Jalisco, pues el periódico oficial no es una red social, desde las que han elegido gobernar, sino el instrumento que permite al gobernador Enrique Alfaro ejercer su atribución constitucional de promulgar. Así de importante. 

Lo único que queda esperar es que estos graves errores no afecten la aplicación de la ley. Luego, que la ley no quede en un ordenamiento legal más de la biblioteca jurídica de Jalisco y, finalmente, que las autoridades ahora sí se interesen en el tema y cumplan con su aplicación, la doten de personal, de herramientas y de recursos. Es lo menos que se merecen las familias y los colectivos. 

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