La polis, secuestrada

La politización de la desaparición y del asesinato de los hermanos González Moreno ha tenido giros perversos. 

Ana Karen, José Alberto y Luis Ángel son víctimas tanto del crimen organizado como de un Estado mexicano indiferente y negligente en todas sus instituciones, desde la Federación hasta el estado y el municipio. Lo han sido no solo ellos, sino miles de víctimas cuyo destino permanece sin esclarecer. Son decenas de miles de personas de miles de familias que han perdido a alguien y no han vuelto a saber de ellos. 

Por más que cada uno de los casos sea una tragedia y un crimen que vulnera a toda la sociedad, la mayoría no llega a tener una proyección mediática ni un impacto político tales que provoquen reacciones multitudinarias y posturas en los actores políticos. Y más que políticos, son actores y buscan aprovechar su momento en escena. 

En la difusión del caso de los hermanos González Moreno intervinieron diversos factores que lo colocaron en el centro de la atención pública. 

A diferencia de muchos reportes de personas desaparecidas en los que no se sabe la manera en que fueron privadas de la libertad, en este crimen hubo testigos que desde el principio señalaron la participación de sujetos armados y encapuchados que irrumpieron en la casa de las víctimas y se las llevaron a la fuerza. Hubo reacción policial inmediata y no hubo dilación en la denuncia. Lo contrario parece ser más recurrente en la mayoría de los casos: que nadie vio ni supo lo que pasó o nadie quiso hablar al respecto. 

La posible relación del crimen con el ataque a balazos contra agentes federales generó una colaboración entre las fiscalías nacional y local en relación con el levantón, algo que no suele ocurrir en la mayoría de las desapariciones. 

Otro factor es la condición de estudiante que tenía José Alberto. Por ser miembro de la comunidad universitaria, motivó el pronunciamiento casi inmediato de los estudiantes y del Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara (UdeG), que exigieron su localización con vida. Cuando se confirmó el triple homicidio la indignación cundió en todo el estado. Tres víctimas en un solo crimen, tres hermanos que tenían vidas normales, tres personas inocentes. 

La familia de las víctimas nunca estuvo muy convencida de convocar a las protestas y su participación no fue muy activa, aunque la madre de los jóvenes habló públicamente el domingo 9 de mayo exigiendo a las autoridades su localización. 

La fecha fue importante porque muchas personas lamentaron la pérdida de la mujer, pues fue notificada de que habían muerto la madrugada del 10 de mayo, día de las madres. Ninguna madre debería sufrir ese dolor, fue la reflexión de muchas personas en una fecha tan significativa para la cultura mexicana. 

Y esa reflexión corresponde precisamente con la obligación sin cumplir de las instituciones. No son solo los hermanos González Moreno quienes merecen indignación y justicia, sino toda una generación que ha quedado marcada por la violencia brutal que no se detiene, que sigue creciendo y va asfixiando a las comunidades. La pregunta que muchos se hacen es: si eso les pasó a tres personas que nada tenían que ver con actividades ilícitas, personas buenas, llenas de vida, ¿no le puede pasar a cualquiera? 

Es ahí donde funcionarios y candidatos han convertido a los hermanos asesinados en su botín político. Aprovechan el terror que nace de la ubicuidad de la incertidumbre, de la zozobra. Las víctimas de desaparición deben estar en el centro de la política, pues la polis es el ámbito de lo público, pero no secuestradas por conveniencias electorales, sino legítimamente y con toda la dignidad que les fue negada. 

Twitter: @levario_j

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