Ingobernabilidad

Las personas desaparecidas en México suman 88 mil 188, según los registros públicos de la Comisión Nacional de Búsqueda actualizados hasta el domingo. 

En el mapa de las ausencias, los estados que aparecen con el color más rojo son Jalisco y Tamaulipas: 12 mil 831 personas de las que no se sabe su paradero en nuestra entidad y 11 mil 425 en el estado que hace frontera con Estados Unidos. 

Hace algunos años me parecía impensable que Jalisco llegara a niveles de violencia, desaparición y entierros clandestinos como los de Tamaulipas por diversas razones: Jalisco tiene como capital Guadalajara, una de las ciudades más importantes del país; es un estado con mucho poder económico y es la sede de eventos de cultura internacionales como la Feria del Libro o el Festival de Cine. 

Tampoco pensé nunca que en el estado donde vive mi familia, tanta gente querida; donde me crie, estudié y trabajé siete años como periodista llegaría a esos niveles de ingobernabilidad. 

A finales de 2013 yo vivía en la Ciudad de México y viajé a Guadalajara por familia, por trabajo y por la FIL. Días atrás una noticia escalofriante había estado en medios nacionales e internacionales. La entonces Procuraduría General de la República (ahora FGR) buscaba a los policías federales René Rojas Márquez y Gabriel Quijadas Santiago en el municipio de Vista Hermosa, Michoacán. 

En las pesquisas por la desaparición de los policías detuvieron a 22 policías locales de Vista Hermosa y después, el 9 de noviembre, descubrieron los primeros cuerpos enterrados en un predio conocido como El Rincón, junto al río Lerma, en La Barca, una ciudad de 75 mil habitantes que por largos años había sido un lugar tranquilo. 

El hallazgo nos impactó a todos. 

Recuerdo que hablando con colegas locales por esos días en la FIL, uno de ellos me dijo que habría una conferencia de prensa con Luis Carlos Nájera. Y fui. 

No tenía una nota específica en mente, ocho años atrás había dejado de ser reportera en Mural, donde cubría religiones y derechos humanos, y me tocaba ir a cuanta manifestación se organizara, aunque nunca en siete años en el periódico cubrí una protesta, manifestación, memorial o caminata por desaparición de personas. 

En ese momento era editora de reportajes de la extinta revista Domingo, de El Universal, y quería saber más sobre cómo las autoridades estaban llevando el registro de los desaparecidos y las fosas clandestinas. 

Entré a la conferencia y vi a un par de ex compañeros trabajando para la fiscalía del estado, otros seguían cubriendo la fuente para radio, televisión, medios digitales, prensa, revistas. Nájera llevaba un traje azul satinado y unos zapatos color marrón prolijamente lustrados, el pelo engominado. Era una imagen distinta a la que tenía como jefe policial o jefe de seguridad. 

Casi para terminar la rueda de prensa le pregunté cómo estaban contando las fosas clandestinas en el estado, porque cada vez estaban encontrando más cuerpos. Me miró con desgana y me contestó con indolencia que no, que nadie las estaba registrando, que para qué. 

Terminó noviembre, celebramos Navidad, pasó el Año Nuevo y los peritos continuaron desenterrando: exhumaron los restos de 75 personas distribuidos en 37 pozos. Hallaron a un chico adolescente, medio centenar de hombres, al menos siete mujeres. 

¿De cuántos sabemos los nombres, acaso ha habido justicia? 

A casi ocho años de La Barca el horror duerme al otro lado de la puerta: fosas en casas, desapariciones mientras duermes, un cadáver colocado en la banca de una plaza, bolsas negras con brazos, piernas, pies o manos que vuelven a ser abandonadas en las morgues. 

La Barca es un caso que lleva la FGR, pero las víctimas son de todos y el territorio cada vez es más inseguro. Más ingobernable. 

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