Un proceso electoral ¿en paz?

Aunque las autoridades estatales y electorales quisieron lanzar señales de una elección tranquila y en paz, lo cierto es que la violencia que aqueja al estado se hizo presente e influyó en algunos resultados. 

Desde los registros de candidatos, ya algunos partidos políticos habían advertido sobre las amenazas para que no participaran en la contienda y, una vez apuntados, para que no hicieran campaña. 

A mediados de marzo nos dimos cuenta que la presencia del crimen organizado en el proceso electoral iba en serio. El alcalde con licencia de Casimiro Castillo, Alfredo Sevilla, quien había dejado el cargo para buscar la reelección por Movimiento Ciudadano fue reportado como desaparecido. Unos días después, su vehículo fue encontrado en un barranco. Él se encontraba en el interior; fue asesinado de un balazo en la cabeza. 

Entre los partidos que hicieron denuncias por la inseguridad, está el Revolucionario Institucional (PRI), que dio a conocer que en el municipio de Jilotlán de los Dolores no pudieron registrar candidato porque la delincuencia organizada no se los permitió. Más tarde se conoció que solo tres partidos habían inscrito planilla de munícipes, pero dos renunciaron ante las amenazas, quedando solo el candidato de Morena. 

Para confirmar el ambiente de violencia en Jilotlán, municipio ubicado en los límites con el estado de Michoacán, un día antes de la elección los funcionarios de cinco casillas entregaron los paquetes electorales a las autoridades, denunciando que no había condiciones de seguridad para recibir los votos. Se decidió que no se instalaran esas cinco casillas, de las 15 programadas para ese municipio, y vuelta a la página. 

Tampoco se instalaron 13 casillas en comunidades wixaritari de Mezquitic y Bolaños. Aunque en este caso no fue directamente por razones de inseguridad, la protesta de los pueblos originarios incluye diversas demandas, entre las que está mayor seguridad. 

A lo largo de la jornada se denunciaron otros hechos de violencia que fueron minimizados por las autoridades. Ante los reportes, las autoridades pidieron que se presentaran las denuncias correspondientes y siguieron con el proceso electoral. Entre los señalamientos hubo amenazas contra una candidata en Acatlán, así como otro caso similar en Juanacatlán y en el distrito 10. 

A pesar de todos estos hechos, las autoridades electorales y el mismo gobernador Enrique Alfaro aseguraron que el proceso electoral se había desarrollado en la tranquilidad y que solo había incidentes menores. 

Hasta que la misma noche del domingo recibieron el reporte del robo o impedimento de traslado de paquetes electorales en seis casillas del municipio de Casimiro Castillo, tres en Villa Purificación, cuatro en La Huerta, cuatro en Unión de Tula y seis en Cihuatlán. Además, el consejo del distrito 18 pidió el apoyo de la Guardia Nacional ante el miedo a hechos de violencia. 

En un municipio fuera de zona metropolitana, un candidato que llevaba ya una ventaja irreversible fue amenazado que no se le permitiría ser presidente municipal y tuvo que trasladar a su familia a un lugar seguro. 

Ya en procesos electorales anteriores se había hablado de la influencia del crimen organizado, pero nunca habían sido tan evidentes sus señales. Por ello, sorprende que las autoridades lo minimicen. Y no se trata de provocar alarma, sino que se atiendan los hechos con la responsabilidad que la gravedad de los mismos amerita. 

El PRI se refirió al distrito 18 como una zona del estado sin autoridad. Ignorar los hechos de violencia no reduce su impacto y solo da una sensación de que se sigue cediendo territorio a la delincuencia. 

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