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Investigación de ATM se desestimó por errores

(REVISIÓN. El Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado concluyó ayer un ciclo de mesas sobre el caso ATM. Foto: Especial)

Debido a deficiencias, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) tuvo que desestimar la investigación que hizo la Contraloría del Estado sobre la licitación del programa A Toda Máquina (ATM).  

Así lo expresó Baldomero Mendoza López, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien señaló que las pruebas que la Contraloría presentó ante el TJA no fueron claras ni suficientes para demostrar que existieron faltas administrativas señaladas. Por lo tanto, el juzgador no tuvo elementos para comprobar que sí existieron esas faltas. 

“En el momento en el que el informe (de la Contraloría sobre ATM) se afirma sobre una conducta, sobre un hecho, la descripción es incompleta. Desde ahí tenemos un problema, porque yo afirmo que sucedió algo, pero esa descripción de esa afirmación está totalmente mocha, incompleta, no tiene todos sus elementos (...) los jueces para juzgar requieren que las descripciones sean completas”, refirió el docente durante la cuarta mesa del ciclo Observación ciudadana y contraloría social: caso A Toda Máquina, organizado por el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE) y concluido ayer.  

El 16 de abril, El Diario NTR Guadalajara dio a conocer que el TJA exoneró a personajes ligados a irregularidades en el proceso de licitación de ATM. Los absueltos fueron los directores de Abastecimientos y del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración, Luis Arturo López Sahagún y Raymundo Andrade Beltrán, respectivamente, así como la empresa Avancap. Todos fueron señalados inicialmente por la Contraloría.  

Al respecto, Mendoza López añadió que a la falta de sustentación se añade que en México los tribunales no están facultados para ampliar investigaciones, ya que los jueces sólo analizan el expediente que les entrega la entidad acusadora, en este caso la Contraloría, y no pueden buscar por su cuenta más elementos para tratar de encontrar una falta. Por lo tanto, consideró que lo que debe hacerse es capacitar a quienes investigan para que presenten informes sustentados y funcionales. 

“Lo que debería de pasar es que deberíamos capacitar a los órganos acusadores para saber acusar, porque, insistimos, el problema no va a ser (de los) juzgadores, el problema va a ser de cómo presentamos los casos ante los tribunales y, aquí, desde que presentamos el caso ante el (TJA), se ve deficiente, se ve corto, se ve incompleto, porque la descripción de la información de lo que sucedió no es una descripción que sirva para un proceso. De ahí que el tribunal desde ese momento diga ‘a ver, tranquilo, yo no puedo juzgar a una persona cuando la imputación que tú me estás dando es incompleta’”. 

Durante la mesa de ayer, el integrante del CPS Jesús Ibarra Cárdenas apuntó que el TJA absolvió a los acusados porque no encontró pruebas en el informe de procedimiento de responsabilidad administrativa (IPRA) elaborado por la Contraloría, el cual daba evidencia de cinco faltas graves detectadas.  

Pese a la desestimación de los señalamientos, el miembro del comité consideró que el tema no debe darse por cerrado, ya que hay tres carpetas más en investigación penal en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

jl/I