Buscan probos y ricos para trabajar

El Congreso local está en la búsqueda de gente proba, con independencia económica y que trabaje gratis para combatir la corrupción; así se puede resumir en la propuesta que recientemente se aprobó para poder ser integrante del Consejo de Participación Social (CPS). 

Aquí no se trata de defender a los actuales integrantes de este consejo, sino de reflexionar sobre esta propuesta que lanzó el diputado panista Jesús Hurtado y que al final se aprobó por 25 de 38 legisladores locales respecto a eliminar los honorarios a los integrantes del CPS, porque consideraron que pueden trabajar sin necesidad de recibir un pago porque estarían dispuestos a dar su tiempo. 

Desde la perspectiva del legislador blanquiazul sólo alguien sin intereses económicos podría hacer política y señalar las deficiencias del sistema anticorrupción, el cual sería innecesario si cada ente público hiciera lo que toca sin estar tomando decisiones en el límite de la ley o ganando mayorías para buscar sus propios intereses políticos y económicos. 

Cuando alguien está en ese supuesto y quiere retribuir, generalmente lo hace para apoyar organizaciones civiles, hacer obras sociales o de caridad, ayudar a sus amigos o buscando cómo influir en otros para sacar provecho en el futuro; quizás le gusta la política y quiera participar, pero, insisto, cuántos ciudadanos en este supuesto les gustaría dedicar varios días a la semana, por no decir todos los laborables, a estar confrontando a los poderes o entes públicos para señalarles cuándo actúan de manera indebida y señalar sus yerros. 

Tendrían que estarles rectificando la plana, sobre todo a los legisladores en cuanto a nombramientos u otras ocurrencias, y estar al mismo tiempo defendiendo sus posturas y decisiones técnicas y políticamente para evitar críticas sin fundamentos, todo porque según los diputados la tarea que desempeñan es fácil, lo cual implica que no conocen el sistema estatal anticorrupción. 

En las curules de los diputados hay enojo, pero no contra el actuar del consejo, sino de algunos de sus integrantes que públicamente hicieron señalamientos directos cuando violaron su propia norma interna y la cambiaron para el nombramiento de los consejeros judiciales; no les gustaron las críticas desde este consejo y decidieron usar todo su poder político y legal para desquitarse donde dicen que más duele, en el bolsillo, en vez de modificar la ley para delimitar el tipo de perfiles que deben llegar o disminuir su salario porque consideraban que ganaban mucho. 

Aquí se hacen las cosas al revés, se quita todo por enojo, por revancha o sólo porque puedo, aun cuando pueda ser ilegal con los antecedentes en otros estados. 

Si esta medida prospera, ojalá que haya muchos ciudadanos que se anoten para ocupar la próxima vacante que habrá en octubre dentro de este consejo y que sean perfiles socialmente reconocidos, con ética y preparación suficiente para desempeñar este cargo. 

También son incongruentes al momento de eliminar los honorarios de las personas que son la cabeza de todo el sistema estatal anticorrupción, porque el presidente de este consejo también lo es del Comité Coordinador de todo el sistema estatal anticorrupción. Y serían los únicos que no recibirían algún honorario por realizar lo que estarían también haciendo otros que participan. 

Pero no importan las tareas que realicen, sólo evidenciar que quieren que trabajen gratis en un tema que debe ser técnico y no político, y evitar que se cuele gente con interés partidista como seguramente ocurrirá en el futuro. Aquí buscan gente con ganas de trabajar sin paga, y en segundo término se revisarán su perfil y sus actividades profesionales porque así fijaron las prioridades en la argumentación para desaparecer los honorarios. 

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