Jaliscienses, conejillos de indias

En días pasados, sin hacer mucho ruido, los diputados locales aprobaron una propuesta del gobernador Enrique Alfaro Ramírez que convierte a los jaliscienses en una especie de conejillos de indias de un laboratorio. Se trata de un convenio, con vigencia hasta 2039, con una empresa que podrá acceder a la información y pacientes que acudan a los servicios públicos de salud. 

El argumento de los diputados para decir una vez más que sí, sin chistar, al gobernador es que el convenio ya se había firmado y que solo le autorizaron extenderlo más allá de su sexenio. Y vaya que es mucho más allá, pues serían tres sexenios más. 

El 9 de septiembre pasado el Congreso del Estado autorizó al gobernador Enrique Alfaro ampliar el contrato con la empresa SMO and Scientific Services, SAPI de CV hasta el 5 de diciembre de 2039. Este diario ya dio a conocer que el contrato prevé que los particulares tengan acceso “sin limitación” a las instalaciones de los servicios de salud en Jalisco, así como a la información física y/o electrónica, expedientes y datos en general de la población. Además, los particulares también pueden tener acceso a los pacientes para realizar los estudios clínicos necesarios para sus investigaciones. 

¿Qué sucederá con los resultados de esas investigaciones? En el mismo contrato se establece que serán propiedad de la empresa, la cual podrá disponer de los mismos “a su criterio y discreción”, ya que además se prevé que laboratorios financien las investigaciones para quedarse con los resultados de las mismas. 

La existencia de este convenio fue dada a conocer por El Diario NTR Guadalajara el 19 de junio de 2020, cuando se envió justamente la petición al Congreso del Estado para la ampliación. Ese acuerdo se había firmado para entrar en vigor desde el 24 de mayo de 2019 y hasta el cierre del sexenio que encabeza Enrique Alfaro. 

Como objetivos del convenio se marcaron la generación de investigación clínica o estudios clínicos; minería de datos, actividades de fármaco-vigilancia, inteligencia de mercados, evaluación de inmunogenicidad, entre otros. 

Para alcanzar dichos objetivos, la autoridad de salud debe dar acceso a la empresa, sin restricciones, a sus instalaciones, a la información física y/o electrónica, expedientes y datos en general de la población atendida por la Secretaría de Salud, así como a la “población de pacientes para realizar los estudios clínicos necesarios”. 

Cuando este diario dio a conocer la existencia de este convenio, el colaborador de NTR Eduardo Márquez dijo que los protocolos de investigación se han complicado para algunos laboratorios privados, sobre todo cuando las investigaciones requieren de un número importante de personas para realizar las pruebas. 

En esa ocasión, advirtió el riesgo de que se privatice la innovación científica y que no haya transparencia en los recursos que se obtengan de los ensayos. También alertó de la posibilidad de que la atención a los pacientes se traslade a proyectos de investigación y que éstos se conviertan solo en potenciales participantes de ensayos “y con ello se induzcan terapias”. 

También sobre el riesgo de la privatización de la investigación médica se pronunció el ex rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y ex director de los Hospitales Civiles de Guadalajara Raúl Vargas López. 

Otro punto interesante sería qué pasa con la protección de datos personales. El director de esta área del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Ricardo de Alba, dijo que desconocían la existencia del convenio y que solo pueden intervenir ante casos particulares y no por el documento en general. 

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