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Fiscalía exige comparecer a persona cuadrapléjica y archiva su caso

(Foto: Archivo NTR)

La Fiscalía del Estado violó los derechos humanos de una persona cuadrapléjica a quien exigió reiteradamente presentarse a comparecer, sin darle una atención adecuada por su discapacidad.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió la recomendación 283/21 al respecto, luego de acreditar que el ministerio público dilató la integración de una carpeta de investigación por el delito denunciado.

La víctima acusó a un familiar directo de violencia intrafamiliar y de carácter sexual. Se trata de un delito continuado que la persona acusada presuntamente cometió aprovechando la discapacidad de la víctima y, sin embargo, la Fiscalía no actuó para protegerla.

La CEDHJ condenó que los servidores públicos de la Fiscalía no hicieron ajustes razonables durante el procedimiento de integración de la indagatoria, considerando que la discapacidad de la persona cuadrapléjica le impide el movimiento casi por completo, a excepción de la cabeza.

La Fiscalía citó a comparecer a la persona a la agencia del ministerio público y, como no se presentó, levantó constancias de inasistencia y ordenó notificarle por estrados. La carpeta fue archivada en noviembre de 2019, luego de que la última fiscal que conoció del caso consideró que habían prescrito los delitos denunciados, a pesar de tratarse de delitos continuados.

Las acciones y omisiones de los servidores públicos violaron los derechos del agraviado a la igualdad y a la no discriminación, a un igual reconocimiento como persona ante la ley, al acceso a la justicia y a la legalidad, así como a la seguridad jurídica.

La defensoría pidió que se agregue copia de la recomendación al expediente de los servidores públicos responsables para que quede como antecedente de que incumplieron en su deber.

También llamó a la Fiscalía a establecer un protocolo de actuación para quienes realizan investigaciones ministeriales en casos que involucren a personas con discapacidad, a unos días de que presentó 125 recomendaciones, dirigidas a cada uno de los gobiernos municipales, por incumplimiento de sus obligaciones hacia las personas con discapacidad.