No olvidemos 2021

El 2021 concluyó como un año más sin que como sociedad tuviéramos respuestas de lo que realmente está pasando en Jalisco. Entre las discusiones sobre el pacto fiscal, campañas electorales, nuevas variantes del Covid-19 y las aspiraciones de Enrique Alfaro Ramírez a ser candidato presidencial, la emergencia por la comisión constante de graves violaciones a los derechos humanos ha dejado huellas profundas en la sociedad. 

Ante declaraciones de que todo se encuentra bajo control y que se está trabajando duro para el bien de Jalisco, hemos sido testigos de la violencia cada vez más desencadenada. El año pasado enfrentamos el crecimiento de las cifras que han roto el escalofriante récord de más de 15 mil personas desaparecidas, un asesinato cada tres horas y media, el aumento de feminicidios, incremento de balaceras, el hallazgo continuo de fosas clandestinas o evidenciadas redes de corrupción. 

El escenario antes descrito se ha vuelto cada vez más grave y no se han brindado respuestas a la sociedad de por qué sus vidas han estado tan expuestas ante esta ola de violencia. Al contrario, las autoridades se han esforzado en no proporcionar información sobre la inseguridad en Jalisco, en ocultar la verdad y priorizar las acciones que tienden a maquillar la situación, sin atender el fondo y origen del problema. 

Hemos observado el esfuerzo continuo por parte de las autoridades de manipular las estadísticas e índices delictivos, una peligrosa concentración del poder, actos violatorios del derecho al libre acceso a la información pública, discursos con falacias, graves ataques en contra de la libertad de expresión e intentos de acallar las voces críticas, así como declaraciones encaminadas a minimizar o hasta negar la dolorosa realidad que día a día enfrentan las víctimas de violencia. 

A esto se ha sumado una aparente apuesta para no esclarecer los hechos, ante la falta de investigaciones serias y eficaces, así como la ausencia de acciones para lograr la independencia de las instituciones de procuración y administración de justicia. Lo anterior solo ha provocado el aumento desbordado de violencia y la impunidad estructural, además de evidenciar que la línea entre el actuar del Ejecutivo estatal y la delincuencia organizada está cada vez más desdibujada, al promover montajes de “casos ya resueltos” y abonar a la constante protección de las personas responsables de la comisión de los delitos. 

El gobernador del estado en la entrevista publicada en diciembre pasado en El País señaló que reducir la realidad a los temas de violencia le parecía que es un error y que pensar que el gobierno está rebasado es equivocado. Sin embargo, en Jalisco, para la mayoría de la población la violencia es real y ha tenido graves afectaciones en lo individual, colectivo y social. Tras los asesinatos, agresiones o desapariciones de personas empresarias, políticas, funcionarias públicas y sus familiares, queda más que evidente que en el estado nadie está exento de poder convertirse en víctima de un delito, siendo aún más atacados de manera brutal los sectores de población en situación de vulnerabilidad. 

Existen muchas batallas que no valen la pena. La batalla por la verdad, a pesar de que en Jalisco parezca imposible y ha resultado ser sumamente peligrosa, es indispensable para poner un alto a la violencia generalizada y no normalizar la comisión de graves violaciones a los derechos humanos en la entidad. Gracias a valiosos y perseverantes esfuerzos de víctimas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en varias ocasiones en 2021 se ha logrado contrastar la verdad oficial con datos que describen la oscuridad que vivimos en el estado. La violencia no perdona y en 2021 definitivamente marcó la realidad de Jalisco. Ante el panorama sin justicia, no olvidemos y construyamos memoria. Actuar es responsabilidad de todas las personas para que no volvamos a vivir un año así nunca más. 

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