La pérdida del territorio nacional

En los últimos días grupos de narcotraficantes intensificaron sus macabras formas de comunicarse con las autoridades y con grupos rivales. Dejan como “mensajes” hasta decenas de cadáveres apilados en lugares públicos e incluso en los centros de poder. 

El viernes pasado los cuerpos de ocho hombres y una mujer se encontraron en una carretera del municipio de Isla, en Veracruz. Junto a los cadáveres los criminales dejaron un mensaje de amenaza a un alto funcionario del gobierno estatal a quien acusan de trabajar para un cártel contrario. Al día siguiente fueron abandonados otros cuatro cuerpos en un camino de ese estado. 

El caso más grave de la semana pasada ocurrió en la madrugada del Día de Reyes en plena Plaza de Armas de la ciudad de Zacatecas. El jueves, frente a palacio de gobierno, junto al árbol de Navidad, un hombre dejó una camioneta cargada con 10 cadáveres. 

El gobernador de Zacatecas, David Monreal, afirmó que el hecho era una respuesta de los criminales frente a las operaciones policiales, señaló que su gobierno recibió una “herencia maldita” y aseguró que los responsables de la acción fueron detenidos, aunque no proporcionó más información. 

Zacatecas, estado que colinda con Jalisco, es uno de los más violentos del país donde al menos tres grupos criminales se disputan el control del territorio. El año pasado nueve de sus municipios se quedaron sin policía municipal, pues mandos y agentes renunciaron ante el poder del narcotráfico que parece imparable. 

Como en la época de la Revolución, los criminales recurren a la práctica de colgar cadáveres en lugares públicos para escarmentar a las autoridades, a sus rivales y a la población. El 12 de agosto aparecieron seis cuerpos colgados en Zacatecas y el 19 de noviembre amanecieron otros 10 cadáveres pendientes de un puente de la carretera que va de la capital del estado a Aguascalientes. 

Los narcos operan con impunidad en las carreteras de Zacatecas. El primero de julio asesinaron a un joven médico tapatío y al conductor de una ambulancia que regresaban en el vehículo de urgencias luego de haber trasladado a una mujer al hospital. Seis días después mataron a una doctora que se dirigía a trabajar. 

La situación es tan grave en ese estado donde el pasado 24 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador con todo su gabinete acudió a Zacatecas, para anunciar un plan especial de seguridad que incluye el despliegue de casi 4 mil elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. 

Pese a ello, los criminales se atrevieron a dejar los 10 cadáveres justo en frente de la sede del gobierno estatal. Si bien el gobernador zacatecano afirma que es una reacción de los delincuentes frente al operativo, otros análisis consideran que es más bien un mensaje para mostrar “quién manda” en esa zona. 

Zacatecas no es el único estado donde los narcotraficantes dominan en amplios territorios. En Chihuahua, Tamaulipas y Michoacán hay zonas completas bajo el poder del crimen organizado. En Aguililla, Michoacán, han controlado en diferentes momentos los accesos a la población. 

En marzo pasado el jefe Comando Norte de Estados Unidos dijo que los cárteles operan en alrededor de 30 a 35 por ciento del territorio mexicano y que algunas de estas áreas “son con frecuencia ingobernables”. 

Uno de los elementos fundamentales de un Estado es su soberanía sobre su territorio. Paulatinamente los gobiernos mexicanos han ido cediendo el control de vastas zonas del país al crimen organizado. Ahí los narcos gobiernan, ponen y quitan autoridades, cobran impuestos y hacen justicia a su modo. 

Cada metro de terreno que ganan los narcotraficantes implica la renuncia del deber fundamental del gobierno, que es garantizar los derechos básicos de la población. Mirar hacia otro lado, hacer como que nada pasa y capitular pasivamente frente a los delincuentes resquebraja al estado de derecho. Una vez que se pierde el control, recuperarlo es muy complicado. 

[email protected]

jl/I