Derechos humanos en tiempos del Covid-19

La pandemia ha evidenciado las deficiencias estructurales en materia de derechos humanos y ha ocasionado graves consecuencias sociales y económicas, agudizando las desigualdades existentes. Además, ha puesto en manifiesto las debilidades en la infraestructura del Estado y la poca responsabilidad social ante situaciones de crisis.

Los impactos en el ámbito de la salud, educación, laboral, acceso a la justicia, violencia de género e incremento de la inseguridad y pobreza no sólo han sido consecuencia de la presencia del virus, sino también de la desatención institucional previa, lo cual ha generado nuevos desafíos para la garantía de derechos humanos.

Durante el nuevo pico por la variante ómicron, estamos en un momento crítico. Hasta ahora las medidas para atender el Covid-19 en Jalisco se han caracterizado por la poca transparencia, decisiones gubernamentales que parecen ser tomadas bajo fines políticos sin que realmente sean atendidas las necesidades de la sociedad y grupos vulnerables, además de que han dado lugar para que se cometan actos de represión y abusos, propiciando cuestionamientos no sólo sobre la eficacia de las respuestas institucionales ante la pandemia, sino también sobre la existencia del estado de derecho en la entidad.

La semana pasada el gobierno de Jalisco dio a conocer los acuerdos de la Mesa de Salud e introdujo la obligación de presentar el certificado de vacunación o prueba negativa PCR para entrar a algunos espacios públicos. Los alcances de dicha decisión generaron inquietudes sobre el carácter simulado y limitado de dichas medidas, su impacto discriminatorio para los sectores de población marginados, la falta de claridad de quienes supervisarán su cumplimiento, así como la tendencia a privilegiar los intereses económicos ante la salud pública.

De acuerdo con la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, los derechos humanos no prohíben los mandatos de vacunas, pero sí imponen límites sobre cuándo y cómo deben aplicarse, partiendo de la disponibilidad y asequibilidad de la vacunación. Frente a la falta de acceso a la información, desafíos digitales y la injusta distribución de las vacunas, las acciones ante la crisis de la salud pueden generar riesgos a que aumente aún más la brecha de exclusión.

Durante la pandemia, debido a la importancia de proteger los derechos a la vida y salud pública, se han generado debates sobre las medidas de contención del virus que implican restricciones a otros derechos. Ante la emisión de los certificados de vacunación, se ha cuestionado que esta medida vulnera los derechos a la intimidad, privacidad, libertad de creencias o libre desarrollo de la personalidad, y forma parte de la política de discriminación y de ejercer control de la población, al vigilar la información personal.

Las libertades sólo pueden ser absolutas cuando no afectan los derechos e intereses de otras personas. Todos los derechos deben ser equilibrados, y ante situaciones de crisis pueden introducirse acciones legales que pudieran restringir el goce de los derechos, a fin de proteger los intereses y bienes públicos. Sin embargo, esto requiere un análisis previo para determinar qué medidas realmente son indispensables, proporcionales y necesarias para el objetivo que se busca alcanzar, y si no existen alternativas que impliquen menos intervención.

Las autoridades tienen la obligación de proteger a las personas, aunque las consecuencias de nuestras acciones las asumimos nosotras. Para tomar decisiones informadas y abonar a la responsabilidad colectiva, se requiere voltear hacia la prevención y no sólo a la restricción, iniciando con campañas informativas para luchar contra la desinformación y aumentar la confianza en los avances científicos. Es necesario priorizar la accesibilidad de las vacunas, toda vez que se ha demostrado como una de las herramientas más poderosas en el combate del Covid-19, y no olvidar las acciones de apoyo para las personas en situación de vulnerabilidad. El camino para contener la pandemia debe realizarse teniendo como base el respeto a los derechos humanos y el diálogo, colocando la dignidad de las personas en el centro de todas las acciones.

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