Proteger a quienes protegen

“Cuando se pretende silenciar e inhibir la labor de las defensoras y defensores se niega a su vez a miles de personas la oportunidad de obtener justicia por violaciones a sus derechos humanos”, señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En México, la defensa de los derechos humanos ha sido una profesión realizada en un clima de hostilidad frente a las agresiones, amenazas, criminalización, así como mensajes estigmatizantes y descalificadores. La crisis de derechos humanos en el país se evidencia con el registro de 96 personas defensoras asesinadas durante la actual administración.

Ante este panorama de desprotección de las personas defensoras de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Estado mexicano por las graves irregularidades en el desarrollo de las investigaciones por la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, ocurrida el 10 de octubre de 2001. La CIDH señaló que la investigación “estuvo sesgada, desde el principio por la aplicación de estereotipos de género, donde se apelaba a aspectos íntimos y personales de la defensora, todo ello con el objetivo de cuestionar su credibilidad”. Este caso evidenció el contexto generalizado de las agresiones y persecución hacia las y los defensores de derechos humanos, particularmente mujeres, sin que existieran medidas efectivas para garantizar condiciones seguras para ejercer su labor.

En 2022 se cumplen 10 años desde la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Gobernación, el Mecanismo de Protección que crea dicha ley, hasta diciembre de 2021 contaba con mil 504 personas beneficiarias. Cabe señalar que de esta cifra 493 son periodistas y mil 11 son personas defensoras, de las cuales 79 personas defensoras corresponden a Jalisco.

A lo largo del tiempo, el mecanismo se ha mostrado rebasado en su capacidad de responder ante la situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Su capacidad técnica ha sido limitada, y los procesos de incorporación, análisis de riesgo y creación de los planes de protección han sido deficientes, lentos y burocráticos. Además, las medidas emitidas han resultado poco eficaces, sin perspectiva de género, enfoque diferenciado y cabal implementación, siendo más bien reactivas, sin que se priorice la prevención.

El lunes pasado, la Secretaría de Gobernación inauguró los diálogos regionales a fin de impulsar una iniciativa de ley general de prevención y protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, mismos que se realizarán en siete estados de la República. Entre las propuestas presentadas fueron la creación de un sistema nacional de prevención y protección, establecer un registro de agresiones para monitorear los riesgos, generar convenios de colaboración con los gobiernos estatales e incentivar en las fiscalías el seguimiento a las investigaciones de las agresiones.

Aunque el mecanismo requiere una profunda transformación, no queda claro cómo se llevará a cabo la construcción de la iniciativa, y de qué manera se escucharán las voces de las personas defensoras y periodistas de todo el país. Es importante que en este proceso haya pluralidad de experiencias para revisar de fondo las deficiencias actuales y atender la complejidad de la situación de riesgo, no tal como sucedió en Jalisco en 2016 cuando se aprobó la ley estatal en la materia, sin que se consultara a las personas beneficiarias de la misma.

Si bien este proceso constituye una oportunidad, aún con la aprobación de la ley, para generar cambios de fondo se requiere un esfuerzo coordinado para su implementación y reconocimiento de quienes luchan por las mejoras de su entorno y cambios en el funcionamiento del Estado. Además, para garantizar una verdadera protección se requiere ir más allá, identificar y erradicar las causas estructurales que contribuyen a la violencia y acabar con la impunidad en la cual se mantienen la mayoría de los casos de agresiones en contra de las personas defensoras y periodistas en el país.

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