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Crucificándose
Empiezan las campañas
El ex fiscal del estado de Jalisco Gerardo Octavio Solís Gómez se fue del cargo con el reconocimiento y los aplausos del gobernador Enrique Alfaro, aparentando que su realidad es paralela a la de la población jalisciense atemorizada por la violencia.
Dejó la dependencia sumida en una profunda crisis de inseguridad y derechos humanos, con deudas pendientes y sin rendir cuentas a la sociedad sobre las graves omisiones cometidas a lo largo de su gestión. La institución se caracterizó por apostar a la impunidad, donde más que resolver los crímenes de fondo y desmantelar las estructuras de macrocriminalidad, se ha priorizado la estrategia de hacer mediáticos los casos, presentarlos como estadísticas o “ya resueltos” y armar su propia versión oficial de los hechos, distante de la verdad y de las víctimas.
La corrupción y la colusión que han atravesado la institución y la reconocida infiltración del crimen organizado ha impedido el acceso a la justicia, y ocasionó que los índices de violaciones a los derechos humanos y los delitos graves se hayan disparado.
El aumento de feminicidios, homicidios, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, fosas clandestinas y reinstalación de tortura como método de investigación han sido una muestra clara de que las deficiencias en materia de procuración de justicia y seguridad no han sido atendidas de fondo. La indignación que ocasionó esta situación, y los legítimos reclamos de la sociedad para exigir cambios han sido brutalmente reprimidos, tratados con el uso excesivo de la fuerza e invisibilizados.
Aún con la emergencia de esta gravedad, los cambios no han llegado. Mediante un proceso irregular, sin realmente cuestionar la actuación de la Fiscalía del Estado y evaluar técnicamente el perfil propuesto por parte del gobernador, el Congreso de Jalisco concretó la ratificación de Joaquín Méndez Ruiz con 27 votos a favor, demostrando no sólo el poder total del titular del Ejecutivo y la ausencia de contrapesos, sino también el aval por parte de las y los diputados para reciclar los perfiles de la institución y dar continuidad a un proyecto que no ha mostrado resultados.
El proceso fue con base en un voto de confianza, a través de un mecanismo de elección donde las autoridades responsables defraudaron los intereses de la población jalisciense. La ratificación del fiscal no fue aprovechada a fin de que la Fiscalía del Estado sea autónoma y se construyan bases para subsanar los errores del pasado y renovar la institución de fondo. Pudimos observar con claridad que no es de interés de quienes ejercen el poder, que exista una institución independiente que verdaderamente investigue y resuelva los delitos, y que tenga la capacidad de resistir las presiones e influencias que afecten la autonomía de su gestión.
No tuvo que esperar mucho tiempo para que las consecuencias de la impunidad arraigada, colusión entre poderes y omisiones que atraviesan el sistema de justicia muestren sus repercusiones. Durante los días anteriores, a plena luz del día se sustrajo por la fuerza de su domicilio a Eduardo Salomón, adolescente de 16 años de edad, localizado sin vida dos días después a poca distancia de las instalaciones de la Fiscalía Regional; y fue asesinada la defensora de derechos humanos Verónica Guerrero, quien se atrevió a realizar diversas acciones para proteger a su comunidad y luchar por un medioambiente sano.
A pesar de la magnitud de la tragedia que vive Jalisco, parece que ésta no ha sido suficiente para revertir la simulación y derribar los pilares de la impunidad. Los gritos de indignación de la sociedad han sido efímeros y esporádicos, y más han abonado a la normalización de la ola de violencia e instrumentalización de las víctimas. Los cambios reales no van a venir solos. Como sociedad tenemos un papel fundamental para demandar se rindan cuentas, reconstruir la memoria, exigir la vigencia de los derechos humanos y, sobre todo, no dar nuestro voto de confianza a todo lo que hacen quienes nos representan.
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jl/I