Irresponsabilidad y corrupción que sobrevuelan El Bajío

Desde que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez respaldó la habilitación de la Villa Panamericana como vivienda, los expertos advirtieron sobre el grave riesgo que había al abrir la puerta para nuevos desarrollos inmobiliarios. La primera resolución en un juicio de amparo les dio la razón. 

Lo que más llama la atención y, desde luego, despierta sospechas, fue que en ese juicio el gobierno del estado pusiera todo de su parte para perder, ya que no se defendieron. Según se puede confirmar en la sentencia ratificada por un tribunal colegiado, el gobierno de Enrique Alfaro no presentó su informe justificado, que es la defensa del acto de autoridad que es cuestionado en el amparo. 

En este caso, el amparo se promovió contra el decreto que determinó clasificar El Bajío como zona de recuperación ambiental. En su momento, el gobernador aseguró que ésta sería una medida suficiente para evitar construcciones adicionales a la Villa Panamericana. “Nunca más podemos permitir que ningún gobernante irresponsable o corrupto permita que los intereses privados sometan y lastimen al capital ambiental de Guadalajara”, aseguró el mandatario. 

El descuido jurídico en el primer amparo resuelto parece intencional. De no ser así, el desorden en las áreas que se hacen cargo de los procesos en los que el gobierno del estado es parte sería grave, ya que en el expediente el tribunal colegiado precisó que las autoridades locales fueron debidamente notificadas. 

En el informe justificado, el gobierno de Jalisco debía exponer las razones por las que se decidió declarar zona de recuperación ambiental El Bajío, debido a la importancia que tiene para la recarga de agua y por su ubicación en las inmediaciones de la zona protegida del bosque La Primavera. Al no defender esta decisión, el amparo se resolvió más por un asunto de forma, ya que, según el juez federal, antes del decreto no se respetó el derecho de audiencia de los propietarios y poseedores de terrenos. 

La resolución en el amparo es apenas la primera y quedó registrada como tesis aislada. Aunque el criterio del juez no es obligatorio para otros amparos promovidos, sí puede servir de ruta en los reclamos de los particulares. 

En información que dio a conocer el periodista Agustín del Castillo se precisa que si hay cinco resoluciones en el mismo sentido se crearía jurisprudencia y, en caso de no ser así, entonces se podría configurar una contradicción que haría que el caso llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

El argumento para impulsar la Villa Panamericana como vivienda para recuperar la inversión de los institutos de Pensiones del Estado (Ipejal) y Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) queda también en duda. Después que El Diario NTR diera a conocer que estas dos instituciones habían pactado la venta de sus derechos en el inmueble, la firma se retrasó y se modificaron las condiciones del contrato. 

Entre los cambios más importantes, está la reducción en el monto que la empresa entregó con “enganche” y que quedó, en el caso del Ipejal, en apenas 20 millones de pesos, además de sujetar el resto de los pagos a la venta de los departamentos. 

Este diario solicitó al Ipejal, vía transparencia, el contrato firmado con Green Life Capital, el cual fue entregado, pero se testaron todas las cantidades, por lo que no es posible conocer el monto que realmente recibirán el Ipejal y el Ijalvi ni tampoco los plazos. 

La opacidad y las omisiones de las autoridades en torno al desarrollo inmobiliario en El Bajío son evidentes. La estrategia jurídica que se emprendió desde el comienzo dio muestras de ser endeble y no ha habido señales de que se pretenda enmendar el camino. 

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