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Por Debanhi y Quimberly

Al mismo tiempo de que Debanhi Susana Escobar Bazaldúa estaba desaparecida en Nuevo León, aquí en Jalisco los familiares de Quimberly Anay Aceves Franco la buscaban sin saber que estaba sin vida en el Semefo.

Las dos jóvenes tenían 18 años y fueron víctimas no sólo de desaparición y feminicidio, sino también de la ineptitud de las autoridades. Ambos casos son signo de una descomposición de las instituciones dedicadas a velar por la justicia y la seguridad y, aunque el caso de Debanhi ha causado indignación con justa razón, Jalisco lidera a nivel nacional por la cantidad de personas desaparecidas, siendo las jóvenes mujeres un grupo especialmente vulnerable.

En mi familia ya ha causado preocupación el caso de Debanhi porque también en nuestro círculo hay una adolescente de una edad similar, 17 años, y automáticamente el crimen enciende las alertas para vigilar muy de cerca las actividades y los pasos de nuestra persona cercana. Que ya no vaya sola al dentista, que sólo salga con amigos conocidos, que hay que ir a recogerla cuando vaya a una fiesta y no se regrese en Uber o con otras personas.

Y es que sabemos que en Jalisco es algo cotidiano. Tan sólo en el caso de Quimberly, sus familiares lo último que supieron de ella fue que había salido de fiesta con sus amigos el sábado 16 de abril. La joven fue encontrada sin vida, ultrajada y con un tiro en la cabeza al día siguiente en una zona despoblada de Tonalá.

Tuvieron que pasar tres días para que sus familiares pudieran al fin encontrarla en la morgue de San Pedro Tlaquepaque porque la gente de la Fiscalía no es para investigar quiénes son las víctimas, sino para esperar a que sus familiares vayan a buscarlas al anfiteatro para entonces, y sólo entonces, investigar. Claro que realizan protocolos forenses de feminicidio porque así los obliga la ley, pero de ahí a indagar la identidad de las personas fallecidas hay grandes omisiones de por medio. Los agentes de homicidios, feminicidios y desapariciones prefieren que les caiga la información para proceder penalmente sólo en los casos en que tengan datos para procesar a alguien y el resto, archivados sin mucha esperanza de algún día ser resueltos.

La muerte de Quimberly también nos habla de una ausente coordinación de los investigadores de la Fiscalía con los funcionarios públicos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, porque desde el momento en que se halla el cadáver de una persona de identidad desconocida se tendrían que agotar todos los recursos posibles para saber quién es, entre ellos, cruzar información entre las distintas bases de datos de denuncias y reportes de desapariciones, personas heridas en hospitales, registros de corridas de autobuses y vuelos. Pero no. Todo eso puede esperar.

Cuando la Fiscalía del Estado habla de agotar los trabajos de gabinete y de campo en la búsqueda de personas, se refiere a aguardar sentados en el escritorio a que les caiga información o ir a regañadientes a la búsqueda de fosas de los colectivos de búsqueda de personas.

Según los datos hasta este domingo del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), en Jalisco hay 63 mujeres que no han sido encontradas y que desaparecieron cuando tenían 18 años. Una mujer por cada cuatro hombres de esa edad. La mayoría de las víctimas femeninas desapareció recientemente, porque son 38 a partir de 2019. Además, en ese período fueron halladas sin vida otras dos mujeres de 18 años por quienes había denuncia de desaparición.

Una diferencia entre el caso de Debanhi y el de Quimberly es que las autoridades de Nuevo León reportaron lo que ocurría, pero las de Jalisco no están dispuestas a informar.

@levario_j 

JB