La impunidad desde el poder

Los señalamientos contra el secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Gollaz, no son un chisme, como aseguraron el propio funcionario y el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. La persona que lo acusa acudió a las instituciones correspondientes para buscar protección y justicia, y es de donde debe salir una resolución. 

La mujer que señala al secretario de hostigamiento sexual presentó de manera formal una denuncia en el Centro de Justicia para las Mujeres, donde se determinó a su favor una medida de protección. A pesar de ello, continuó el hostigamiento laboral, aun cuando fue cambiada de área. 

A pesar del temor por el poder de Pérez Gollaz, al ocupar un cargo de primer nivel en el gobierno del estado, la víctima acudió a una institución en busca de justicia, algo que siempre se exige a quienes sufren acoso sexual, sin importar su vulnerabilidad. Lo que corresponde, entonces, es la transparencia en el proceso para garantizar que al menos se investigue. 

Según las declaraciones del secretario, el asunto ya fue resuelto. Por su parte, el gobernador se sumó a las descalificaciones que sobre este caso emitió Pérez Gollaz, calificándolo como “chisme”. 

Es inevitable ligar este caso al de Nancy Gómez, agente del Ministerio Público que se negó a firmar la liberación de un detenido por órdenes de su jefe, lo que le significó convertirse en víctima de acoso laboral y hasta dejar el cargo. 

Nancy tiene grabaciones como prueba de que ella dice la verdad e incluso en tribunales ganó la reinstalación y la reparación del daño respecto a sus derechos laborales, resolución que la autoridad no ha acatado. 

¿Qué es lo que estos dos casos tienen en común? Que en ambos el señalado es un funcionario público y que desde esa autoridad se fomenta la impunidad. 

En torno al caso de Nancy, el silencio ha sido la única respuesta de los superiores del funcionario señalado, tanto del anterior fiscal como del actual, así como del gobernador. La gravedad del caso que dio origen a este conflicto, que es la corrupción, debió ameritar al menos un pronunciamiento sobre una investigación. 

Pero lejos de eso, se ha permitido que la ministerio público lleve el asunto sola, siendo revictimizada una y otra vez. 

En el caso del secretario del Trabajo, apenas hubo un pronunciamiento porque el tema fue puesto frente a la opinión pública por el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, quien consideró que el funcionario debía separarse de su cargo para enfrentar la investigación sobre acoso sexual y laboral. 

Para nadie es un secreto que el grave problema de inseguridad e injusticia en el estado tiene su origen en la impunidad. 

Con esas omisiones o con declaraciones que descalifican a las víctimas solo hay señales que se lanzan desde el gobierno de proteger a quienes pudieron haber cometido una falta o un delito. Y no es que se espere que los funcionarios sean sancionados sin que se les siga un proceso en el que tengan derecho a defenderse, sino que al menos se escuche a las víctimas y se permita que se abra una investigación transparente, imparcial, y apegada a derecho. 

Pero lejos de que eso suceda, el gobierno del estado y el gobernador parten de la defensa a ultranza de los colaboradores. Y si esto sucede con casos visibles y mediáticos como estos dos, qué podemos esperar con las mujeres que acuden a denunciar los diferentes tipos de violencia, en donde deben seguirse protocolos especiales para investigar los delitos. 

Si como dice el secretario del Trabajo, la investigación en su contra es un asunto resuelto, tendría que transparentarse. Su exoneración no puede ser la que le regala con una declaración su jefe, el gobernador Enrique Alfaro. 

[email protected]

jl/I