El indebido proceso

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, se reunió la semana pasada con 220 mujeres presas en el penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. La visita del ministro puso en evidencia nuevamente la injusticia, la ineficiencia y la corrupción que priva en el sistema judicial del país. Un sistema que permite que miles de personas inocentes estén tras las rejas, mientras que los verdaderos culpables gozan de impunidad.

Las cárceles están repletas de personas inocentes que por su pobreza no cuentan con los medios para defenderse adecuadamente. Otras, siguen en prisión debido a la inoperancia del Poder Judicial que es incapaz de cumplir con el precepto básico de que la justicia debe ser expedita, por la corrupción o porque personas poderosas tienen interés en que estén en prisión.

El 28 de marzo pasado los 11 ministros de la Suprema Corte ordenaron la inmediata liberación de Alejandra Cuevas y concedieron un amparo a Laura Morán Servín. Ambas mujeres estaban acusadas por el fiscal general de la nación, Alejandro Gertz Manero, de no haber proporcionado los cuidados necesarios a su hermano Federico, lo que habría ocasionado su muerte. Cuevas fue encarcelada en octubre de 2020. Tuvo que pasar año y medio en prisión antes de que la Corte ordenara su libertad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2021 (Inegi), el número de personas encarceladas en el país sumaba 220 mil, en números redondos. De ellas, 5 por ciento son mujeres.

Según el estudio, 23 por ciento de los presos fue detenido en la calle sin orden de aprehensión; 65 por ciento dijo haber sufrido violencia después de su detención; 45 que fue incomunicado y 40 que fue amenazado con levantarle cargos falsos. De las mujeres, 22 por ciento afirmó que fue desvestida y 20 por ciento de los hombres señaló que recibió descargas eléctricas. A casi la mitad las autoridades les robaron alguna pertenencia.

Durante el proceso también se cometen arbitrariedades. Cuatro de cada 10 detenidos han pasado más de dos años en la cárcel sin recibir sentencia. Esto significa que cerca de 90 mil personas están en prisión sin que se haya determinado su culpabilidad. De los prisioneros, solamente una cuarta parte pudo contar con un defensor particular.

Estas cifras generan todavía un mayor estupor cuando se les pone rostro. La serie Debido Proceso, del director Roberto Hernández, que se encuentra disponible en Netflix, muestra con un caso concreto y real la suciedad con que se opera la justicia en México.

El nuevo sistema de justicia penal que comenzó a operar en 2006 y que supuestamente contribuiría a “la solución de conflictos de una manera más pronta, eficiente, justa, humana, transparente y respetuoso de las garantías individuales”, queda en entredicho cuando se conocen casos como el que muestra el documental.

En diciembre, Zaldívar afirmó “categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción”.

Pero eso, de ser cierto, no ha permeado al resto del sistema judicial. Él mismo lo reconoció la tras su reunión con las prisioneras. Dijo: “Comprobé los vicios del sistema penal mexicano (...) La necesidad de revisar la prisión preventiva oficiosa (…) tenemos que desterrar que haya tantos procesos tan largos, y que las personas puedan estar 10 o 15 años presas sin haber sido sentenciadas; el drama de las mujeres en reclusión, (...) los delitos fabricados, las violaciones al debido proceso, las fallas de ministerios públicos, fiscalías, policías, juezas y jueces”.

También afirmó que, si tras su visita no se generan resultados, ésta no dejará de ser una anécdota. Ojalá que así sea, aunque no parece fácil. Para los inocentes que están encarcelados no se trata de una anécdota, se trata de sus vidas destruidas por la autoridad.

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