Nuestro endeble estado de derecho

En México y en Jalisco estamos lejos de vivir en un estado de derecho. En una sociedad en que se respete la ley y se garanticen la seguridad, la justicia y los derechos humanos. Un lugar en el que la corrupción no sea un modo habitual de proceder. Lo sabemos bien por experiencia, pero también hay quien lo registra y lo mide.

La semana pasada se dio a conocer el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, elaborado por World Justice Project, organización independiente que pretende generar conocimiento, conciencia y estimular acciones en favor de la legalidad.

De acuerdo con esta organización, el estado de derecho implica que “todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente. El estado de derecho (…) vincula a autoridades y ciudadanía mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y límites para que las personas puedan vivir en armonía, acceder a mejores oportunidades, participar en las decisiones de sus comunidades, y disfrutar de una vida y un patrimonio seguros. El estado de derecho es uno de los pilares sobre los cuales las sociedades pueden impulsar la igualdad (…) la democracia efectiva y la paz”.

Los resultados del estudio no son buenos. El índice muestra “un deterioro en materia de estado de derecho en gran parte de las entidades del país. Este año, fueron más los estados que mostraron retrocesos que aquellos que mostraron avances”.

Jalisco se mantuvo en el mismo sitio, en la parte baja de la lista. En el lugar 24 de las 32 entidades federativas y siete lugares por debajo del promedio nacional.

Este índice es una medición obtenida mediante entrevistas a personas de todo el país y a especialistas. Además, se consultan informes estadísticos oficiales y de otras fuentes como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los factores que considera son: límites al poder gubernamental, corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento de la ley y acceso a la justicia.

Mediante una metodología se ponderan estos datos para generar puntajes que van del 0 al 1. El número uno indica la máxima adhesión al estado de derecho.

En México ninguno de los estados llega siquiera a la mitad, al 0.5. En otras palabras, el país está reprobado. El puntaje promedio nacional es de 0.41.

Los estados mejor evaluados son Querétaro, Yucatán y Guanajuato. Los peores son Quintana Roo, Morelos y Guerrero. Éste ocupa el último sitio de la lista.

El puntaje de Jalisco es 0.38. Equivaldría a sacar cuatro de calificación en un examen. Nuestro estado está por debajo del promedio nacional en los ocho factores evaluados. En cuanto a ausencia de corrupción y cumplimiento regulatorio, aparece entre los últimos lugares.

De acuerdo con el World Justice Project el deterioro del estado de derecho “se explica por tres tendencias: el debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y una contracción del espacio cívico, el deterioro en los sistemas de justicia penal y la falta de avances en materia de anticorrupción”.

La vulneración del estado de derecho es algo socialmente aceptado. Quien burla la ley no se avergüenza, más bien se ufana. Desde quien se apropia de una banqueta, corta un árbol sin permiso o deja en la calle las cacas de su perro hasta los políticos y empresarios que cometen grandes fraudes o se asocian con el narco. Mientras haya autoridades y civiles que sigan pensando que cumplir la ley es un estorbo, seguiremos reprobados. No se trata de una calificación ni un lugar en una lista. Se trata, al final de cuentas, del permanente deterioro de la calidad de vida de todos.

[email protected]

jl/I