Supuestos tras la verificación

El Programa de Verificación Responsable de vehículos que impulsa el gobierno, parte de algunos supuestos que son parcialmente ciertos. Pero que, al no serlo de manera total, impiden su buen desarrollo.

El primero es que la mayoría de los jaliscienses somos irresponsables y no verificaremos voluntariamente. Es cierto en alguna medida. Hay ciudadanos cuidadosos que mantienen su auto afinado, pero no todos. Si fuéramos responsables no habría necesidad de ningún programa.

Como no es así, el gobierno nos tiene que forzar a asumir esa responsabilidad mediante un programa obligatorio que incluye multas a quien no lo haga. Así, el programa no es de verificación responsable, sino de verificación obligatoria.

El segundo supuesto es que la mayoría de los ciudadanos somos corruptos. Desde esta perspectiva no se puede confiar ni en los automovilistas ni en los talleres, porque seguramente unos y otros haremos trampa. Se parte de la desconfianza.

Y en eso, la realidad les da también parte de razón. Apenas estaba arrancado el nuevo programa cuando ya había un mercado negro de calcomanías falsas. En los programas anteriores se descubrieron corruptelas. De ahí que el gobierno haya decidido tener el control de los centros de verificación y haya cancelado la posibilidad de que talleres y agencias automotrices otorguen los certificados.

Pero el gobierno no ha tenido la capacidad de instalar un proceso eficiente. Igual que hace más de 30 años, cuando se instauró el primer programa, es un trámite tortuoso.

Los puntos de verificación son insuficientes para atender al enorme número de vehículos. De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, entre los años 2000 y 2020 “el parque vehicular en Jalisco ha registrado un incremento de 209.8 por ciento, pasando de un millón 303 mil 109 vehículos a 4 millones 36 mil 774; esto representó una tasa de crecimiento promedio anual de 5.8 por ciento”. Y el número de autos crece día a día.

Desde el principio era claro que no habría la capacidad suficiente. Si no todos los dueños de talleres y ciudadanos somos corruptos, ¿no sería mejor confiar en la mayoría y castigar a los corruptos? Ahora que, si se parte de la idea de que la mayoría violaremos la ley, no queda otro remedio que el control absoluto del estado, lo que complica el proceso para los honestos, mientras que los corruptos encontrarán siempre el modo de salirse con la suya.

El tercer supuesto es que los automovilistas queremos andar en auto. Eso también es parcialmente cierto. Para muchas personas es símbolo de estatus. De ahí el éxito de la venta de autos de lujo que ostentan sus dueños por las calles de la ciudad.

Pero no somos todos. Para muchas personas es la mejor opción para moverse en una ciudad caótica y carente de un sistema de transporte público seguro y eficiente. Frente a ello, quienes pueden compran un auto, aunque sea casi chatarra.

En ciudades con un buen sistema de transporte público, personas de distintos niveles socioeconómicos lo utilizan porque les resulta mejor. Mientras no contemos con un sistema de movilidad pública confiable y seguro, el número de coches seguirá aumentando por más que se instauren medidas contra su uso.

Hay otro elemento que disminuye la confianza en el programa de verificación y es que no va aparejado de otras medidas que demuestren el interés del gobierno para mejorar la calidad del aire. La falta de sincronización de los semáforos, los baches, los permisos implícitos para que empresas y tráileres cierren carriles completos en avenidas son, entre otros, problemas que no se atienden y favorecen la contaminación del aire.

Sin una visión integral será difícil que las personas crean que detrás de la verificación hay un genuino interés por mejorar el medio ambiente.

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