Abengoa y los posibles chivos expiatorios

El viernes pasado el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció en sus cuentas de redes sociales que se había vinculado a proceso a seis ex funcionarios del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco por la inversión de recursos de este organismo en la empresa española Abengoa. 

Abatir la impunidad ante la toma de decisiones que significan pérdida de recursos, como es este caso, es muy importante para sentar precedente. Sin embargo, si este caso sigue revisándose sin el contexto en el que se dio, nuevamente estaremos, como en todos los grandes casos de corrupción de este país, ante chivos expiatorios pagando las culpas de sus superiores. 

El Diario NTR Guadalajara dio a conocer el 9 de mayo de 2016 que el Ipejal había invertido recursos de los trabajadores en bonos de deuda de la empresa Abengoa y que los recursos estaban en riesgo porque ésta había entrado en un proceso de quiebra en España. 

El Ipejal invirtió más de 600 millones de pesos que ya no pudo recuperar, sin contar los intereses que ese dinero debió generarle. 

El momento en el que ese dinero se invirtió fue muy importante, porque Abengoa había recibido contratos del gobierno federal que encabezaba Enrique Peña Nieto, relacionados principalmente con la generación de energías limpias. Sí, es una de esas empresas extranjeras que obtuvieron contratos ventajosos en la anterior administración. 

Entre los proyectos que le fueron asignados a Abengoa estaba también la construcción del acueducto que iría de la Presa El Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato, del cual nunca colocó ni un metro, pero que de igual manera llevó a un proceso jurídico para cobrar lo que se le iba a pagar por la obra y por la venta de agua, señalando como responsable del fracaso del proyecto a la Comisión Nacional del Agua. 

Cuando los problemas financieros comenzaron, Abengoa decidió emitir bonos de deuda para capitalizarse. Ahí es cuando entra en el escenario el Ipejal, pero no de forma exclusiva. De hecho, los bonos fueron adquiridos en un paquete a través de Banco Invex en el que también participaron otros organismos públicos, como el Infonavit. 

A eso hay que sumar la decisión que tomaron la Conagua y el gobierno de Jalisco, encabezado en ese momento por el priista Jorge Aristóteles Sandoval, de ratificar el proyecto de El Zapotillo y su acueducto. 

En ese contexto, resulta poco creíble que un grupo de funcionarios menores hayan jugado a la bolsa de valores decidiendo poner los recursos de los trabajadores en los bonos de deuda de Abengoa. 

Además, al margen de la recomendación que emitió el Comité de Inversión, del que forman parte la mayoría de los vinculados a proceso, la ley es clara sobre las atribuciones para la toma de decisiones sobre inversiones: éstas son del Comité Directivo. 

El artículo 81 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco señala que es atribución del Comité Directivo “determinar y decidir las inversiones”, y en el artículo 86 que “los recursos de la Dirección de Pensiones se invertirán en la forma y condiciones que establezca el Consejo Directivo”. Además, las Políticas de Inversión del Ipejal establecen en su artículo 4 que la competencia es del Consejo Directivo, la Dirección General y la Dirección de Finanzas de la institución. 

Dicho Consejo Directivo era presidido por el ex secretario de Educación, Francisco Ayón, y también formaban parte dos de los vinculados a proceso. Sin embargo, además estaban el líder sindical de los burócratas en el estado, el líder de los maestros y el representante de los ayuntamientos que, en ese momento, era el actual secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida Morales. 

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