Quinto Patio

Ni una sola palabra ha dicho el gobierno de Jalisco respecto a los señalamientos de que el crimen organizado tiene secuestrado el norte del estado. El domingo fue el cardenal José Francisco Robles Ortega quien denunció que hasta cobro de piso hay por parte “de la plaza” a la iglesia para poder realizar fiestas patronales. Ayer, Alfonso Hernández Barrón, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, coincidió en que las comunidades indígenas viven con el asedio del crimen organizado que provoca una falta generalizada de servicio básicos además de la crisis de inseguridad y violencia. Y no son los únicos que pueden dar testimonio de los retenes paralelos y de cómo la delincuencia se ha metido hasta el tuétano en la región norte.

Pero el Estado está sordo. No oye estas voces y solo falta que salga el gobernador Enrique Alfaro Ramírez a decir que lo único que quieren es que le vaya mal a Jalisco, todo porque no reconocen que los robos de plantas en los jardines de los tapatíos se redujeron en 80 por ciento en su administración. O sea…

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Mientras sigue el proceso o enjuague ilegal para que el Congreso del Estado dedosigne a la comisionada presidente y su suplente del Instituto de Transparencia (Itei), faltaba de pronunciarse una de las universidades que forman parte, con organismos empresariales y representantes ciudadanos, del Consejo Consultivo del organismo garante. Nos referimos al Tec de Monterrey, campus Guadalajara.

Ayer se pronunció y su postura es clara: respalda al Consejo Consultivo del Itei en su decisión de suspender su participación en los términos de la segunda convocatoria aprobada por los diputados. El Tec llama a dialogar para fortalecer la institucionalidad de un órgano tan importante como el Itei en su calidad de garante de acceso a la información y protección de datos personales. Las principales universidades apoyan al Consejo Consultivo, peeeero la mayoría de los legisladores ni por aludidos se dan. La mancha que le hacen al proceso ni con cloro se quitará…

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Quesque las observaciones que hizo la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) a los programas de la Secretaría de Cultura de 2020 servirán para mejorar estas políticas públicas. ¿Les creemos? A ver, ¿recordamos alguna dependencia que en realidad haya tomado en serio y actuado ante este tipo de recomendaciones? ¿Fue una respuesta políticamente correcta?, o ¿a poco sí van a tomar las observaciones en serio?

Ojalá, eso sería lo mejor para el sector cultural y artístico de Jalisco. Esperemos que sean la excepción, que nos sorprendan y en realidad implementen acciones de transparencia, perspectiva de género y anticorrupción. Pero, ya veremos… con lupa en mano.

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El colectivo de familias con desaparecidos Luz de Esperanza lanza las preguntas: ¿Y esto a qué se debe? ¿Qué daño le hacemos a la sociedad poniendo nuestras fichas de búsqueda en los postes de la ciudad? Y es que policías estatales aparecen en un video, uniformados y con vehículo oficial al lado, arrancando las cédulas de búsqueda que las familias pegan en postes, buscando el auxilio de quienes pudieron haber visto al hijo o la hija, al marido o esposa, al hermano o alguien cercano y del que desconoce su paradero.

En lugar de buscar a los desaparecidos o atrapar delincuentes, los policías estatales contribuyen a invisibilizar a las víctimas de desaparición. Y lo hacen cerca de Casa Jalisco. La Comisión Estatal de Derechos Humanos investiga ya. ¿Qué dice la Secretaría de Seguridad estatal? ¿Quién dio la orden? El colectivo Luz de Esperanza lo expone con todas sus letras: lo que hicieron los policías (y sus superiores) “es un acto inhumano para todas las víctimas” de desaparición. Tal cual.

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