Dividir y descalificar a los colectivos

El distanciamiento de la Fiscalía y del gobierno de Jalisco hacia las familias de las personas desaparecidas y los colectivos de búsqueda no contribuye en absoluto a la paz que necesitamos. 

Dejarlas solas en la misión que han asumido de manera forzada, por la necesidad de hallar a las personas queridas que les fueron arrebatadas, equivale a ponerlas en riesgo de pasar de víctimas indirectas de desaparición a víctimas directas de ese tipo de crímenes u otros. 

La semana pasada, el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz declaró que acompañarían a los grupos de búsqueda si se lo pedían, pero no fue así. Ellas habían anunciado públicamente que realizarían esas labores y que necesitaban protección de las autoridades para intervenir los lugares donde suponían que había posibles sitios de inhumación clandestina, pero no recibieron apoyo. 

El único respaldo que tuvieron el viernes fue el de un autobús de la Policía de Guadalajara para trasladarse a Tlajomulco de Zúñiga desde la glorieta de las personas desaparecidas. En el lugar de intervención tuvieron resultados con el hallazgo de restos óseos, pero tuvieron que irse ante el temor de ser víctimas de algún delito cuando se desató una balacera cerca de donde estaban y escucharon los disparos. 

A diferencia de la Fiscalía, que posterga intervenir lugares donde tiene información de posibles sitios de inhumación, las madres actúan en cuanto logran reunir los recursos materiales y organizacionales para acudir a los sitios donde acaban de pasarles datos de que hay víctimas enterradas. 

La Fiscalía va dejando para después las exhumaciones, como no queriendo hacer lo que le corresponde. Es cierto que hay saturación de casos y que necesitan del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para procesar las fosas clandestinas, pero parece que ya agarraron la maña de ir al ritmo más lento posible, al cabo que las comparativas genéticas tardan meses y hasta años, como han denunciado víctimas cuyos familiares estuvieron en el Semefo por un tiempo que les parecía interminable. 

Si en la Fiscalía y en el IJCF no hay recursos suficientes, el Estado debería buscar todos los medios posibles para echar mano de personal de otros lados, prepararlos para que estén capacitados en la intervención, habilitar peritos en las comisarías, hacer las modificaciones necesarias en las leyes para facilitar las exhumaciones. Algo. Pero la indolencia y la insensibilidad prevalecen. La alternativa más cínica del gobierno es dividir y descalificar. Desde que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez declaró que las madres parecían tener otras agendas, a pesar de que ofreció una especie de disculpa, se mantiene la actitud hostil hacia los trabajos de las madres buscadoras. 

El gobierno elige a qué colectivos apoya y a cuáles no, de acuerdo con el comportamiento que tengan ante la sociedad, porque no les agrada que exijan abiertamente, sino que se dobleguen y aguarden a que les asignen turno para darles la mínima atención posible. Hay familias que optan por la institucionalidad confiando en el gobierno, pero hay otras que no están dispuestas a ese tipo de sumisión porque están desesperadas y hartas de la negligencia y la ineptitud de toda la cadena de funcionarios a quienes les toca enfrentar cotidianamente. 

Así que sí es una agenda política en el sentido de que la sociedad se organiza para decidir y para realizar acciones que en teoría le tocarían al gobierno, para exigir que actúen, pero no con fines partidistas. No se merecen ese trato denigrante de pedirles un sometimiento a conveniencia para darles migajas de atención, sino todo el respeto y la solidaridad posibles. 

Twitter: @levario_j

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