Un pendiente más

Con ruido y distracciones, una limitada e interrumpida participación de representantes del Congreso y en un espacio apretado, iniciaron la semana pasada las entrevistas a las personas aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). El proceso de elección, al ser realizado al mismo tiempo que otros eventos en la sede del Legislativo, parecía ser una actividad más por cumplir antes del periodo vacacional, sin que la crisis de derechos humanos representara un asunto de relevancia o mayor interés.

El objetivo principal de la CEDHJ es promover y proteger los derechos humanos, así como supervisar el desempeño democrático de las autoridades para garantizar los derechos fundamentales, coadyuvando en el acceso a la justicia y recomendando las reformas necesarias para evitar futuras violaciones.

Su papel de contrapeso y compromiso frente al contexto de graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos en Jalisco requiere capacidad para mediar conflictos sociales, y confrontar con firmeza a los poderes políticos y fácticos, por lo que la designación pública de la persona a cargo de la CEDHJ debe basarse en salvaguardas de independencia para elegir a quien sea un garante real de los derechos y resista a cualquier tipo de presiones.

El proceso de elección hasta el momento no ha respondido a las exigencias de su democratización, máxima transparencia, pluralidad, mecanismos efectivos de participación ciudadana y evaluación basada en méritos con reglas claras y objetivas. Si bien durante las entrevistas se han considerado algunas preocupaciones sobre el proceso, permitiendo la presencia de organizaciones civiles, no se les ha facilitado dirigir las preguntas a las personas aspirantes, mismas que al ser planteadas por las y los diputados parecían demasiado teóricas y generales, como por ejemplo el cuestionamiento sobre los impactos de la reforma constitucional.

Indudablemente la participación ciudadana podría haber enriquecido la evaluación, profundizando la presentación de los planes de trabajo o acciones concretas a realizar ante los desafíos contextuales e institucionales. Además, quien en realidad concede la confianza y autoridad moral a la CEDHJ es la propia sociedad, por lo que su rol activo y de vigilancia resulta indispensable en el proceso.

Se ha justificado que por seguir la ley al pie de la letra resultaría difícil corregir el desarrollo de la elección; sin embargo, todavía existe la posibilidad de acercarse al cumplimiento de los estándares internacionales, tales como los Principios de París o Venecia, y subsanar las carencias de independencia, pluralidad, publicidad o transparencia del proceso, dejando de usar las legislaciones estatales en función de instrucciones y acuerdos políticos previamente pactados.

En este sentido, urge que la Comisión de Derechos Humanos convoque públicamente a una reunión presencial con representantes de colectivos y organizaciones civiles previa la decisión final. Además, para reducir la opacidad y discrecionalidad del proceso, es importante que la votación sea abierta, no por cédula, puesto que cualquier tipo de politización de la elección debilita gravemente la credibilidad de la CEDHJ.

La autonomía de elección constituye un medio para asegurar la efectividad real y legitimidad necesaria para que la CEDHJ pueda garantizar el cumplimiento de sus recomendaciones y, por otro lado, esto se refleje en la independencia de sus decisiones frente al poder público, misma que por años no ha sido una realidad y ha imposibilitado desarrollar las funciones de manera libre y adecuada ante el sometimiento y los favores de los gobiernos en turno.

En un panorama tan adverso, la apuesta por garantizar los derechos humanos en Jalisco, aunque parece remota y disfrazada, todavía puede materializarse. En búsqueda de contrapesos institucionales y ante los secretos a voces sobre las negociaciones ya realizadas, el Congreso local tiene la oportunidad de marcar la diferencia y actuar con responsabilidad, ética y compromiso, sin que este proceso represente un acto de cinismo y un pendiente más que no se ha priorizado. Es momento de que tanto el Congreso como la CEDHJ actúen con integridad y dejen de servir para complacer y encubrir.

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