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Las reformas a la Guardia Nacional

La madrugada del sábado pasado la Cámara de Diputados aprobó la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador para otorgar al Ejército el mando total de la Guardia Nacional, como de hecho ya ocurre. Luego de esta aprobación que logró la mayoría del partido oficial y sus aliados, la iniciativa será turnada al Senado, donde seguramente será también avalada.

Las reformas contravienen lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 21 señala con claridad: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil”.

Pese a ello, el Poder Ejecutivo y una parte del Legislativo se empeñaron en impulsar la reforma. Esta decisión es grave por dos razones. Una es por las consecuencias que traerá el proceso de militarización en México. La otra es el precedente que se crea cuando las más altas autoridades del país deciden ignorar lo que mandata la Constitución.

El proceso de militarización del país no es nuevo. El presidente Felipe Calderón Hinojosa buscó en el Ejército la legitimidad que le faltó luego de un proceso electoral reñido y sumamente cuestionado. Vestido de militar, el panista declaró la “guerra al narcotráfico” y envió al Ejército a las calles para asumir tareas de seguridad pública.

Antes lo habían hecho los priistas Luis Echeverría y José López Portillo, tanto en la llamada Guerra Sucia contra opositores y guerrilleros en la que participaron efectivos militares, como con la Operación Cóndor que se llevó a cabo entre 1975 y 1976 para luchar contra el narcotráfico.

Sin embargo, fue el gobierno de “izquierda” de López Obrador el que decidió ir más allá al otorgar oficialmente a los militares el control de la seguridad pública, pese a que había prometido justamente lo contrario cuando era candidato.

El jueves pasado, durante su informe, el presidente dijo sobre su iniciativa: “El único afán” es que la Guardia Nacional “se consolide, de que mantenga su disciplina y profesionalismo y, sobre todo, para que no se corrompa, como sucedió con la antigua policía federal. El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar, con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa, el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país”.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales han expresado su preocupación por la creciente militarización de la vida pública nacional. Entre ellas, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

De acuerdo con información publicada por Rubén Aguilar, hasta julio de 2022 se habían presentado “524 quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra las Fuerzas Armadas y otras instituciones federales relacionadas con la seguridad”. De ellas, la Guardia Nacional es la que más señalamientos de presuntas violaciones a los derechos humanos ha recibido, 202, frente a 169 que se han presentado por acciones del Ejército.

Tras la aprobación de la iniciativa presidencial el Centro Prodh señaló que la iniciativa “militariza totalmente la cadena de mando, otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional control de aspectos sustantivos de la Guardia, amplía la intervención de la GN en investigación de delitos e inteligencia, extiende los alcances del fuero militar y dota de más recursos a la Sedena sin controles civiles externos robustos”. Por eso llama al Senado a no convalidar las modificaciones.

En caso de que la Cámara de Senadores apruebe la reforma, la decisión seguramente llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revisará la constitucionalidad de los ordenamientos. Ahí se determinará un aspecto relevante del futuro del país y sus habitantes.

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