Durante la Cátedra de Libertad de Expresión. Límites legislativos a la libertad de expresión. ¿Justicia o censura?, que forma parte del programa FIL Pensamiento, especialistas coincidieron en que los procesos legales que han emprendido actores políticos en contra de comunicadores y periodistas no son procedimientos que buscan resarcir el daño moral, sino que tienen como objetivo desgastar, desestimar su trabajo y debilitar la credibilidad de aquellos que visibilizan la corrupción.
Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director para México y Centroamérica de Artículo 19, indicó que desde 2018 la comunicación política en México se ha orientado a estrategias que buscan deslegitimar y aniquilar moralmente a las y los periodistas desde el poder público, consolidándose como un autoritarismo que se basa en la legalidad.
El periodista jalisciense Julio Ríos mencionó que los señalamientos a periodistas de parte de las figuras de poder no son una situación nueva, sino que desde hace décadas han existido ambigüedades en las leyes que sirven como lagunas en las que el poder político se escuda para atacar el periodismo.
En su intervención, Sara Mendiola, directora ejecutiva de la asociación Propuesta Cívica, señaló que desde 2017 se ha observado un repunte en las demandas a periodistas por daño moral y coincidió en que este incremento no tiene como fin una reparación del daño, sino que se trata de una especie de “venganza” hacia los periodistas por lo que han publicado.
Por su parte, el analista y periodista Héctor de Mauleón lamentó que la libertad de expresión también sea controlada con la imposición de líderes de opinión y periodistas que desplazan a las voces críticas en los medios de comunicación, lo que se sumó a las estrategias de comunicación de gobiernos pasados.
La periodista Marcela Nochebuena, del medio de comunicación Animal Político, relató su experiencia en la defensa legal de su profesión cuando se le ordenaron medidas cautelares por haber publicado un trabajo periodístico relacionado con la violencia obstétrica ejercida por un doctor.
Recordó que, en su caso, una jueza dictó las medidas cautelares con argumentos ambiguos, lo que limitó el trabajo periodístico y vulneró el derecho de la ciudadanía a la información y de las víctimas a visibilizar sus historias.
Finalmente, Rogelio Campos, ex consejero electoral de Jalisco, relató que él fue señalado por violencia política en razón de género al usar una expresión en referencia a una funcionaria pública y, al respecto, consideró que los órganos políticos legales deben orientar su trabajo a defender la libertad de expresión de la ciudadanía y no centrarse en cumplir estrategias de actores políticos.
Es una estrategia
El director para México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, consideró que desde 2018 la comunicación política en México está orientada a estrategias que buscan deslegitimar y aniquilar moralmente a las y los periodistas desde el poder público.
jl/I
