Democracia implica inclusión

¿A quién le pertenecen las vialidades públicas? ¿Es correcto quitarle espacios a los automóviles particulares para dárselos a otras formas de movilidad? ¿Qué tiene que ver la democracia con las preguntas anteriores?

Planteo estas preguntas porque en estos días se ha discutido si es válido o no consultar a quienes viven cerca del bulevar Marcelino García Barragán sobre la pertinencia de mantener una ciclovía a lo largo de dicha vialidad.

Como contexto es importante recordar que el gobierno del estado ha estado impulsando una política de fomento a la movilidad no motorizada, para lo cual ha instalado estaciones de bicicletas públicas y ha ido implementando espacios denominados ciclovías, que son carriles segregados en las vialidades públicas diseñados para que sólo los puedan utilizar las bicicletas.

Es notorio que las ciclovías han causado molestias a muchos automovilistas, quienes consideran que les están quitando espacios, por lo que su movilidad se vuelve más difícil. Y justamente esta molestia fue aprovechada recientemente por la diputada local priísta Claudia Delgadillo, con motivaciones que no son del todo claras, para impulsar a quienes viven por el bulevar García Barragán a recabar firmas para solicitar al Instituto Electoral que se llevara a cabo una consulta para definir si la ciclovía debería permanecer en dicha vialidad o no.

El Instituto Electoral revisó si la solicitud de los vecinos cumplía con las formalidades legales, y con base en ese criterio determinó que la consulta era procedente, y por lo tanto decidió autorizar su realización.

El problema es que el Instituto Electoral no tomó en consideración que la creación de ciclovías es una acción afirmativa, es decir, que es un acto de autoridad que tiene la finalidad de garantizar el derecho a transitar con seguridad por la ciudad a los ciclistas. Esta acción es necesaria porque se encuentran en una situación de clara desventaja con respecto a los automovilistas, y si no se crearan las ciclovías quedaría a criterio de cada automovilista respetar o no el espacio que le corresponde a los ciclistas, lo que claramente no ocurriría.

De modo que la consulta autorizada por el Instituto Electoral viola la prohibición expresa de no utilizar las herramientas democráticas para decidir sobre el reconocimiento o ampliación de la cobertura de los derechos humanos, contenida en la ley de participación social de Jalisco.

Y esto es así porque en vez de propiciar una discusión con base en información y argumentos respecto a la necesidad y el diseño de las ciclovías, el Instituto Electoral optó por poner a votación si debe permanecer o no la ciclovía en el citado bulevar, con lo que pone a disposición de la mayoría la protección de los derechos de una población en situación de desventaja, la de los ciclistas urbanos, quienes, por cierto, tienen prioridad en la ley de movilidad con relación a los automovilistas.

Debemos tener claro que la democracia no es cuestión de mayorías, sino de inclusión, y por lo tanto implica poner un piso más parejo para todas las personas, apoyando a quienes se encuentran en desventaja. El voto igualitario es una manera de emparejar las situaciones, pero no es la única ni la mejor en todos los casos, por lo que el Instituto Electoral está dañando la democracia por la forma en que pretende llevar a cabo su consulta.

Además, se ha comprobado que someter a votación el reconocimiento de derechos de poblaciones en desventaja provoca más violencia en contra de ellas, así que si después de la consulta se incrementan las agresiones a los ciclistas por parte de automovilistas furiosos, ¿quién se hará responsable y qué hará al respecto?

[email protected]

@albayardo

JJ/I