El domingo pasado se llevó a cabo el primer debate entre las nueve candidatas a diputadas que encabezan las listas de representación proporcional. Es decir, la mayoría de las que participaron llegarán al Congreso del Estado.

La discusión fue dispareja. Quienes ya han ocupado una curul conocen más de política, tienen facilidad de discurso y conocen mejor cuál es la función que les correspondería cumplir, en caso de que la votación de sus partidos sea suficiente para garantizarles el espacio. Sin embargo, hay un detalle que llama la atención y es que ninguna se asume como parte de un poder autónomo.

Lo anterior podría ser una situación normal, pues los poderes legislativos en México son casi siempre una dependencia más del Poder Ejecutivo, que les ayuda a sacar adelante a sus titulares los temas que les interesan y a guardar en el cajón de algún escritorio los que no importan o aquellos que les molestan.

Lo vemos en el Congreso de la Unión, cuando se requiere mayoría simple para sacar adelante las reformas que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también lo vemos en los estados. Jalisco es un claro ejemplo, ya que una y otra vez quedó claro que el Poder Legislativo es simplemente una ventanilla para dar trámite a las iniciativas que le interesan al gobernador Enrique Alfaro, además de un muro de contención si a algún legislador de oposición se le ocurre pedir cuentas de alguna decisión, obra o compra del gobierno del estado.

Las excepciones a esa regla de poderes legislativos al servicio del Ejecutivo son contadas. Lo hemos visto en Nuevo León, donde el gobernador Samuel García tiene un Congreso de oposición, o en el caso de Jalisco, cuando fue gobernador el panista Emilio González y las diferencias al interior de su partido lo llevaron a un constante enfrentamiento con el Legislativo, con mayoría blanquiazul. González Márquez resolvió esas diferencias con millonarias entregas de dinero a los diputados, montos que en ocasiones fueron a sus cuentas bancarias personales, en la que sin duda fue la legislatura más corrupta, la LVIII.

Las candidatas a diputadas que participaron en el debate de este domingo se asumen desde ahora como quienes mantendrán la defensa de la cuarta transformación o quienes la combatirán, según la alianza de la cual forman parte mientras que, en el caso de la abanderada de Movimiento Ciudadano, dedicó la mayor parte de su tiempo a defender a los gobiernos de su partido.

Salvo algunas pinceladas, las candidatas no asumen en sus propuestas las grandes responsabilidades que implica llegar al Poder Legislativo, principalmente las relacionadas con tener una agenda legislativa propia, la de fiscalización y la de asumir compromisos con la distribución del presupuesto público. Sus planteamientos son prácticamente los de sus candidatos a la gubernatura o a la Presidencia.

Aclaro que no son solo ellas. En general, ocurre con casi todos los candidatos a legisladores que, aunque hagan su propia campaña, si es que lo hacen, prácticamente se dedican a llevar a los ciudadanos las propuestas de sus candidatos a los poderes ejecutivos.

Desde las campañas, quienes buscan un espacio en los congresos de los estados o de la Unión se asumen como futuros servidores de sus jefes políticos y así piden el voto. Su compromiso está muy lejos de su principal función, que es la de ser representantes del pueblo.

soniassi@gmail.com

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