En Jalisco, la tortura sigue siendo empleada por las autoridades como una herramienta o medio de represión de las protestas sociales, lamentó Denisse Montiel Flores, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

Dentro del foro “Hacer frente a la tortura en México, el rol de la sociedad civil”, la defensora de derechos humanos mencionó que en Jalisco resulta cada vez más frecuente que el estado utilice a la tortura para reprimir protestas sociales, lamentó que esta práctica acrecentó en la actual administración.

Sobre esto dio muchos ejemplos. Habló sobre las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura que vivieron decenas de personas manifestantes el 5 de junio de 2020, cuando se dirigían a exigir justicia por el asesinato extrajudicial de Giovanni López ocurrido el 4 de mayo de ese año en Ixtlahuacán de los Membrillos.

Pero no es el único caso. Dijo que esto se repitió en otras manifestaciones contra distintas disidencias y, al día de hoy, no ha sido erradicada la práctica.

“No olvidar a las compañeras que fueron detenidas el 9 de junio de 2021 que salieron a las calles a exigir el cese de la violencia en contra de menores de edad en escuelas públicas, y tampoco olvidar los hechos recientes, en febrero de este año, donde hubo acciones de detenciones arbitrarias y actos de tortura en contra de integrantes del Comité de Solidaridad con Palestina en Guadalajara”.

Flores Montiel recordó, además, que la tortura sigue arraigada en el sistema de detenciones y procuración de justicia. Mencionó que los últimos datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021 del Inegi, especificaron que casi la mitad de las personas que respondieron dijeron haber sufrido tortura.

“Es una práctica que se sigue cometiendo, que se ha institucionalizado y que no sólo se acota a instituciones de seguridad pública o procuración de justicia, sino que prevalece en otros espacios como hospitales psiquiátricos, centros de atención médica, casas hogares, albergues o los centros estatales contra las adicciones”.

En Jalisco, según el Observatorio contra la tortura, en 2022 se abrieron 49 expedientes de investigación por este delito, de los cuales, 28 fueron iniciados por vista judicial y 21 por denuncia. Sin embargo, sólo hubo tres sentencias, pero se desconoce si éstas fueron condenatorias o absolutorias.

Y, ante esto, desde el Cepad acusó una problemática adicional: hay falta de interés y empatía en la población hacia la tortura.

“Sigue prevaleciendo el estigma, el rechazo, de parte de la sociedad. Lamentablemente lo podemos ver en este espacio, cuántas personas estamos acá, a cuántas personas nos interesa conocer eso que sucede de manera cotidiana, pero que no queremos ver”.

Montiel Flores mencionó que para que haya un cambio se requiere que la sociedad también se interese en el problema, que se denuncien, evidencien y se les dé seguimiento a los casos.

EH 

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