El hallazgo del Rancho Izaguirre y el ambiente mediático que lo rodea llegó a evidenciar las redes de colusión que existen en Jalisco entre las autoridades y el crimen organizado, consideró Ana Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

Durante la conferencia titulada Teuchitlán Jalisco: Rancho Izaguirre. Expresión de la crisis humanitaria en México, realizada dentro del Seminario de Verano de la Ibero Puebla. Defender contra el miedo: respuestas situadas ante la crisis de derechos humanos en México, la defensora de derechos humanos mencionó que el Rancho Izaguirre es una muestra de cómo hay territorios controlados por el crimen organizado y cómo éste es protegido por el Estado.

“Este hallazgo presume la existencia y apuesta a mantener las redes criminales altamente estructuradas que operan con la autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado que potencian la impunidad y la falta de consecuencias o costos algunos por desaparecer a una persona”.

Añadió que el Rancho Izaguirre es sólo un eslabón de una cadena que tiene años de existir. Una muestra de esto es el desarme de corporaciones policíacas en diversos municipios. En el caso de Teuchitlán, la detención del presidente municipal José Ascensión Murguía Santiago es clave para entender la operación de la red criminal.

“Desde el año 2014 más de 22 corporaciones municipales en Jalisco han tenido que ser intervenidas por sus nexos con el crimen organizado, así como por la comisión de desapariciones forzadas. La evidencia de ello es la detención del presidente municipal de Teuchitlán el viernes pasado, incluso destacando que ésta se realizó directamente por el personal de la Fiscalía General de la República de Ciudad de México sin aviso previo a Jalisco, lo que significa mucho”.

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