Ignacio Morales Lechuga, abogado, político y diplomático mexicano, exprocurador General de la República y exembajador de México, advirtió que la reciente reforma a la Ley de Amparo representa un retroceso en la defensa de los derechos humanos y un reflejo del sometimiento del Poder Legislativo al Ejecutivo.

En entrevista, Morales Lechuga señaló que, en otros regímenes, las modificaciones del Congreso a las iniciativas presidenciales eran prácticas normales, pero desde 2018 “el Legislativo se convirtió en un perrito obediente del Ejecutivo”. Consideró que la reforma exhibe un conflicto político al imponerse un transitorio que genera retroactividad, pese a que la propia presidenta había rechazado esa medida.

Afirmó que, en la actual administración, los mexicanos han perdido progresivamente derechos: se ha restringido el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas. Ahora, con los cambios al amparo, “se castra el medio más efectivo para defender los derechos humanos”, lo que coloca al país en una dinámica autoritaria similar a la de los años 80.

El exrector de la Escuela Libre de Derecho explicó que la reforma limita el interés legítimo para presentar amparos, elimina la suspensión como recurso ciudadano, debilita su aplicación en materia fiscal y reduce las sanciones por incumplimiento de autoridades, lo que convierte al amparo en una mera recomendación.

Morales Lechuga subrayó que esta medida protege al Estado y no al ciudadano: “Eso de que los legisladores representan al pueblo, que se lo crean sus abuelitas”. Añadió que mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido cooptada, ahora también se restringe el amparo: “Para los pobres, la CNDH; para los ricos, el amparo. Y ambos, limitados”.

Finalmente, confió en que la Cámara de Diputados podría revertir la reforma, de lo contrario prácticamente se podría modificar con un nuevo Congreso e incluso una nueva presidencia.

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