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Los servidores de la nación
La otra sequía
La Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) deben publicar en sus portales de transparencia la información que les compete respecto a los tráileres en los que se depositaron cadáveres.
“Cuando se trata de costos, de arrendamientos, dar a conocer las facturas, los contratos, los convenios, estamos hablando de información completamente pública y que debe estar a disposición de manera actualizada y puntual en el portal de Internet de cada uno de los sujetos obligados que hayan llevado a cabo estos contratos o que hayan realizado el pago de estos servicios”, señaló la comisionada presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei), Cynthia Cantero Pacheco.
Datos relevantes sobre los polémicos tráileres se han conocido a partir de solicitudes de información e impugnaciones derivadas de negativas institucionales a responder, por entregar datos incompletos o alegar que era reservada; esto pese a que los documentos deberían estar disponibles en la web.
El comisionado Pedro Antonio Rosas Hernández detalló: “Piden facturas, piden si hubo algún convenio de colaboración con la empresa y las facturas, de primera instancia la fiscalía reserva la información, es en el momento en el que el recurrente viene a quejarse al instituto se le pide rinda un informe al sujeto obligado, en una reconsideración, el propio sujeto obligado, por medio de su comité entrega la información”.
Comúnmente, ante el incumplimiento de los entes públicos, los ciudadanos se ven obligados a requerir datos que “ni siquiera debería ser necesario que alguien los requiera a través de una solicitud de información”, indicó Cantero Pacheco.
La fiscalía es de los entes que más responden que la peticionado son datos reservados y luego el Itei los apercibe para que respondan, abundó la representante del Instituto de Transparencia.
“Es recurrente que no la entregan (la información) cuando el ciudadano la pide a través de una solicitud de información. Cuando recae una solicitud de revisión y el Itei requiere a la fiscalía, generalmente entregan la información o fundamentan y acreditan por qué se reservan o por qué no existe la información”.
En caso que el Instituto de Transparencia detecte dolo recurrente, podrían iniciarse procesos a fin que los sujetos obligados cumplan con lo que marca la ley de transparencia. Con la fiscalía no ha ocurrido porque se corrige o justifica después de los requerimientos del Itei.
EH