Al año se dañan 10 mil 500 medidores de agua

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) reconoció que, entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2023, registró 95 mil 524 reportes de cambio de medidor tanto por daños a la instalación como por obsolescencia y robo, según una respuesta a una solicitud de información vía transparencia. En cifras gruesas, eso arroja un problema de alrededor de 10 mil 500 medidores por año.

Pero el organismo operador declinó ofrecer detalles en dos peticiones de transparencia que se le hicieron al respecto. En la primera se le pidió señalar en qué colonias de la ciudad se da más el problema y en la segunda precisar cuántos de los casos anuales son específicamente por robo; sin embargo, en septiembre de 2019, en el primer año de esta administración, el subdirector de Servicio al Cliente y Cobranza del organismo operador, Ezequiel Blanco Figueroa, señalaba que tenían una incidencia de hasta 500 robos por mes. Si esa cifra se mantiene vigente, es prácticamente la mitad de los casos de cambio que debe atender el Siapa.

El costo que aplica la empresa intermunicipal para un medidor nuevo es de mil 315.26 pesos por unidad para uso habitacional, “más gastos de instalación según el diámetro del medidor, más impuesto al valor agregado”, lo que se eleva fácilmente por arriba de mil 600 pesos. El importe del costo del medidor puede ser liquidado dentro de un plazo de 12 meses, señala el Resolutivo Tarifario 2023.

A esos costos actuales, y suponiendo que todos los medidores a reponer sean de uso habitacional (el más barato), el importe global de los medidores cambiados ronda los 153 millones de pesos (mdp).

En su Manual de manejo y medición del agua de organismos operadores, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) especifica que los medidores domiciliarios son una “micromedición” y son esenciales para un cobro justo. A la fecha, el Siapa tiene casi 90 por ciento de cuentas con micromedición, muy por encima del promedio nacional, pero “hay todavía un déficit que impide la obtención de todos los beneficios que significa la cobertura total, pues su uso permite racionalizar el consumo, propiciando una mejor administración del abastecimiento, su planeación y operación. Las ciudades que no cuentan con un adecuado sistema de medición de consumos, corren el riesgo de que sus demandas de proyecto sean sobrepasadas antes de lo planeado, y con ello la capacidad de la infraestructura de abastecimiento”.

Respecto al sistema comercial, “la micromedición adecuada posibilita la generación de mayores ingresos por la medición y facturación del agua consumida, así como la aplicación de una tarifa justa de acuerdo al volumen de agua consumida”, puntualiza la Conagua en su documento.

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